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SE PUBLICA EN MÉXICO HOY 11 DE JUNIO DEL 2013 MORDAZA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN:

Por Edgar García.

Hoy, martes 11 de junio, se publica en el Diario Oficial de la Federación la Reforma Constitucional en Materia de Telecomunicaciones, incluyendo cambios en los artículos sexto y séptimo constitucional, los cuales históricamente se han enfocado a la defensa de la libertad de expresión, en los cuales se introduce una restricción a la misma que pareciera inofensiva para los ciudadanos pero que en realidad consideramos muy importante: el supuesto “ataque” a la “vida privada”.

En la Hormiga de la Base y en general en el Frente de Comunicadores, en el cual participamos, consideramos que hay un considerable riesgo de que esta modificación sea utilizada por funcionarios públicos para llevar a cabo acciones legales en contra de  denunciantes por actos de corrupción, argumentando que es “atacada” su “vida privada”.

Para esclarecer esta situación y ante la sordera de las autoridades de este país, decidimos organizar una serie de conferencias que estarán abiertas no sólo a comunicadores, sino al público en general, en donde participarán solidariamente especialistas académicos e investigadores que darán su visión al respecto de este tema.

El primer ciclo de conferencias se llevará a cabo el próximo jueves 4 de julio del 2013. Esperamos tener todos los datos confirmados este sábado 15 de junio a través de este mismo espacio.


Para el lector que guste saber más sobre el tema, puede dar clic en el siguiente enlace:


Por lo pronto, les hacemos llegar cuadro comparativo con las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación, y les solicitamos estar al pendiente del ciclo de conferencias al respecto de este importante tema:

"MORDAZA" A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ARGUMENTANDO “ATAQUES A LA VIDA PRIVADA”,
DE ACUERDO CON LAS MODIFICACIONES A LOS ARTÍCULOS SEXTO Y SÉPTIMO CONSTITUCIONAL
INCLUIDAS EN LA REFORMA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 11 DE JUNIO DEL 2013:
TEXTO ANTERIOR TEXTO ACTUAL
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado. Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.

El Estado garantizará el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:
Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:
I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad.
II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.
III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.
IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión. IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos.
VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales.
VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes. VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones:

I. El Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento, mediante una política de inclusión digital universal con metas anuales y sexenales.

II. Las telecomunicaciones son servicios públicos de interés general, por lo que el Estado garantizará que sean prestados en condiciones de competencia, calidad, pluralidad, cobertura universal, interconexión, convergencia, continuidad, acceso libre y sin injerencias arbitrarias.

III. La radiodifusión es un servicio público de interés general, por lo que el Estado garantizará que sea prestado en condiciones de competencia y calidad y brinde los beneficios de la cultura a toda la población, preservando la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional, contribuyendo a los fines establecidos en el artículo 3o. de esta Constitución.

IV. Se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa; se establecerán las condiciones que deben regir los contenidos y la contratación de los servicios para su transmisión al público, incluidas aquellas relativas a la responsabilidad de los concesionarios respecto de la información transmitida por cuenta de terceros, sin afectar la libertad de expresión y de difusión.

V. La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida democrática de la sociedad.

El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para un segundo periodo.

El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el Senado mediante la misma mayoría.

El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes.

VI. La ley establecerá los derechos de los usuarios de telecomunicaciones, de las audiencias, así como los mecanismos para su protección.
Artículo 7o. Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como instrumento del delito. Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones.
Las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que so pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, "papeleros", operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquéllos. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

HOY, 7 DE JUNIO, CON MORDAZA CONMEMORAMOS EL DÍA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

El pasado miércoles 22 de mayo del 2013 fue declarada constitucional la reforma en materia de Telecomunicaciones, con la cual se modificaron los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Carta Magna.

Entre otros puntos, en el artículo sexto constitucional que se refiere al derecho humano a la libre manifestación de las ideas, se adicionó el concepto "la vida privada", como un aspecto que no se podrá atacar ni tocar en nuestro ejercicio comunicativo, el cual se suma al texto original “…La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”
¿Una vez que se publique en el Diario Oficial de la Federación, esta reforma que ya fue calificada como constitucional, servirá –por ejemplo- para que el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier pueda demandar a quien dio a conocer que posee 400 pares de zapatos, argumentando un “ataque a la vida privada”?

¿Qué significa eso de LA VIDA PRIVADA?

 dicho concepto había intentado inscribirse en el artículo sexto constitucional, desde la reforma a la constitución de 1856, pero los conservadores no habían podido lograrlo…Hasta ahora… con el regreso del PRI al gobierno federal. Zarco en su participación desde la tribuna del congreso constituyente, el 25 de julio de 1957 manifestó su resquemor sobre ese concepto.

“Los gobiernos conservadores, los que se han llamado liberales, todos han tenido miedo a las ideas, todos han sofocado la discusión. todos han perseguido y martirizado el pensamiento…artículos semejantes hemos tenido en casi todas nuestras constituciones, de ellos se ha abusado escandalosamente, no ha habido libertad y los jueces y los funcionarios todos se han convertido en perseguidores.

“¡La vida privada! Todos deben respetar este santuario; pero, cuando el escritor acusa a un ministro de haberse robado un millón de pesos al celebrar un contrato, cuando denuncia a un presidente de derrochar los fondos públicos, los fiscales y los jueces sostienen que cuando se trata de robo se ataca la vida privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad…” expresó Zarco en su discurso.

“Una vez que entre en vigor esta reforma constitucional los mexicanos no tendremos derecho a ampararnos, de acuerdo a la reforma a la Ley de Amparo que aprobaron los legisladores de fast-track y que está en vigor desde principios de abril del 2013.”

Entonces ¿qué podemos esperar los periodistas profesionales y comunicadores defensores de los derechos humanos de esta reforma al sexto constitucional? que contiene más, pero que nos llama la atención en el tema de “la vida privada.

Para buscar la respuesta, diversos comunicadores y periodistas de medios alternativos de comunicación, defensores de los derechos humanos, que integramos el FRENTE DE COMUNICADORES estamos convocando al FORO:

"LA MORDAZA AL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Y DE INFORMACIÓN, CON LA REFORMA EN MATERIA DE TELECOMUNICACIONES"

Dicho foro se desarrollará en un ciclo de conferencias, la primera de las cuales será el 04 de julio del 2013, con el tema

“VIDA PRIVADA” Y CORRUPCIÓN

El auditorio y los ponentes serán confirmados el próximo viernes…estén pendientes.

ATENTAMENTE:

FRENTE DE COMUNICADORES


Contacto: frente_decomunicadores@yahoo.com

APRUEBAN POLÍTICOS MORDAZA CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Para estas fechas, ya la aprobaron diputados en Congresos locales en los Estados de la República.

Por Edgar García.

"Un célebre escritor inglés ha dicho: “Quitadme toda clase de libertad, pero dejadme la de hablar y escribir conforme a mi conciencia.” Estas palabras demuestran lo que de la prensa tiene que esperar un pueblo libre, pues ella, señores, no sólo es el arma más poderosa contra la tiranía y el despotismo, sino el instrumento más eficaz y más activo del progreso y de la civilización.”

(Fragmento del discurso pronunciado por Francisco Zarco sobre la libertad de imprenta en sesión celebrada en el Palacio Legislativo, en el proceso de construcción de la Constitución de 1857, el 25 de Julio de 1856)

¿A qué nos referimos cuando hablamos de la “mordaza constitucional"?

A la frase aprobada el pasado 24 de abril del 2013 en la modificación del artículo sexto Constitucional, en donde los diputados federales aprobaron la siguiente modificación en medio de la Reforma en Telecomunicaciones:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado....

A diferencia del artículo séptimo constitucional, en el artículo sexto se habla expresamente de “inquisición judicial o admnistrativa”.

¿Por qué tanto escándalo por estas tres palabras?

¿No es lógico que se proteja la vida privada de todos nosotros?

Claro, pero no cuando los políticos utilizan la “vida privada” para proteger su propia corrupción, al derrochar, por ejemplo, recursos públicos

Como nos recuerda la periodista Lourdes Martínez: “Dicho concepto había intentado inscribirse desde la reforma de la constitución de 1856, pero los conservadores no habían podido lograrlo... hasta ahora”, con el apoyo del PRI, el apoyo del PAN, el Partido Verde, Nueva Alianza y el PRD.

Esto es un retroceso de más de 150 años en México en lo que se refiere a la Libertad de Expresión (En ese entonces se hablaba de la Libertad de Expresión y de Imprenta), ya que significaría, de aprobarse en los Congresos estatales, un seguro para que los políticos puedan demandar a cualquier ciudadano (no sólo a reporteros) que haga alguna denuncia por corrupción.

Esto no es una broma ni una exageración: En la época de Antonio López de Santa Anna se llegó a encarcelar a los periodistas por criticar los lujos de los políticos y funcionarios públicos pagados con dinero del erario federal, argumentando que se entrometían en su vida privada, advirtió Raúl Correa, presidente de la Fraternidad de Reporteros, A.C. en entrevista con Frecuencia Laboral.

Al efecto, reproducimos parte del discurso de Francisco Zarco de 1956, quien fue perseguido precisamente por sus labores de denuncia periodística:

"Vemos cuáles son las restricciones que impone el artículo. Después de descender a pormenores reglamentarios y que tocan a las leyes orgánicas o secundarias, establece como límites de la libertad de imprenta el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. A primera vista esto parece justo y racional; pero artículos semejantes hemos tenido en casi todas nuestras constituciones, de ellos se ha abusado escandalosamente, no ha habido libertad y los jueces y los funcionarios todos se han convertido en perseguidores.

"¡La vida privada! Todos deben respetar este santuario; pero, cuando el escritor acusa a un ministro de haberse robado un millón de pesos al celebrar un contrato, cuando denuncia a un presidente de derrochar los fondos públicos, los fiscales y los jueces sostienen que cuando se trata de robo se ataca la vida privada y el escritor sucumbe a la arbitrariedad."

(Fragmento del discurso pronunciado por Francisco Zarco sobre la libertad de imprenta en sesión celebrada en el Palacio Legislativo, en el proceso de construcción de la Constitución de 1857, el 25 de Julio de 1856)

Éste es un ejemplo mucho más reciente (junio del 2009) acerca de cómo se ha argumentado la afectación a la “vida privada” de funcionarios públicos para llegar a encarcelar a un periodista:

José Sacramento Jesús Orozco Herrera, director de un periódico regional denominado La Antorcha de Acámbaro, Guanajuato, quien había sido sentenciado a tres años de prisión por considerar que incurrió en el delito de ataques a la vida privada, tuvo que promover amparos para defenderse de una ley estatal retrógada:

"En una entrevista con el chofer de quien fuera presidente municipal de Acámbaro, Antonio Novoa Acevedo, denunció diversas irregularidades del funcionario y en ella, de manera marginal, hizo alusión a una petición que le hizo el alcalde a su subordinado para que le diera un masaje en la espalda.

"Este último dato —que no se desmintió— fue usado para distraer la atención de la denuncia y que se acusara al director del periódico de violentar la vida privada y el honor del funcionario.

"Debido a que la Ley de Imprenta de Guanajuato permite criminalizar ampliamente la tarea de los periodistas, se hicieron a un lado las denuncias por corrupción del ex presidente municipal de Acámbaro y se sancionó al director del periódico regional por atacar la vida privada del funcionario."

Fuente: El Universal, nota del 27 de diciembre del 2009:
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/174206.html

Volviendo a la iniciativa de reforma al artículo sexto Constitucional, es importante mencionar que la mayoría de los diputados aprobó la iniciativa sin leerla ni analizarla, pues la tuvo en sus manos sólo 10 minutos antes de aprobarla

Para saber más sobre el tema, les ofrecemos las notas originales de nuestros compañeros del Frente de Comunicadores, Frente del cual formamos parte:


http://radioamlo.org/noticias-destacadas/la-reforma-a-los-medios-de-comunicacion-mantiene-privilegios-i/


http://www.frecuencialaboral.com/telecomapruebanmordazalibertadeexpresion2013.html


http://www.frecuencialaboral.com/telecomunicacionesdiputadosreformaenloscurito2013.html


http://www.frecuencialaboral.com/senadoresnotocanatelevisorasentelecom2013.html

NUEVO FRENTE DE COMUNICADORES CONTRA LA REFORMA LABORAL NEO ESCLAVISTA Y NEO COLONIALISTA.

PRONUNCIAMIENTO DEL FRENTE DE COMUNICADORES CONTRA LA REFORMA LABORAL NEO ESCLAVISTA Y NEO COLONIALISTA.

Los ataques en contra de los derechos humanos laborales constitucionales continúan. Ahora revivió la amenaza de desaparecer al menos 26 derechos con una reforma a la Ley Federal del Trabajo, en la cual el gobierno de Felipe Calderón pretende eliminar la jornada laboral máxima de 8 horas y  los pagos extras por cada hora que sobrepase ese tiempo, para establecer el horario flexible y el pago por hora.  Y con todo ello, violenta al menos 28 convenios internacionales ratificados por el Senado de la República. 

En México McDonald´s hace al menos 7 años que  paga a sus empleados 14.37 pesos por hora, con la venia de las autoridades  laborales mexicanas. Hay flexibilidad de horarios, los jóvenes que contrata tienen entre 17 y 21 años, laboran 4 horas como mínimo y no paga las horas extras.  Eso nos da un ejemplo del pago raquítico que obtendrán  las madres de familia y jóvenes estudiantes, por  quienes supuestamente se busca hacer ese cambio  de acuerdo a la exposición de motivos de la propuesta de reforma laboral calderonista. 

La jornada laboral de 8 horas máximo al día, es una conquista de los trabajadores mexicanos y del mundo, que en los últimos 200 años lucharon y, en muchos casos dieron su vida, para eliminar las jornadas de trabajo de 16, 18 y 20 horas diarias.

La propuesta de reforma laboral del PAN ( y la del PRI) es el último eslabón de un pacto del gobierno federal con empresas transnacionales, que inició hace 30 años y pretende consumarse con Felipe Calderón, para convertir a México en una colonia de Estados Unidos, con esclavos postmodernos…no beneficia a los mexicanos sino que es un dictado de los emporios y sus organismos internacionales como la OCDE. Es una reforma neo esclavista y neo colonialista.

Hoy por hoy debido a la tolerancia de las autoridades laborales y la impunidad con que operan las outsourcing, volvió a imponerse la jornada laboral de 12 y 14 horas diarias, principalmente desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y  más intensamente con la llegada del Partido Acción Nacional (PAN) al frente del gobierno federal. Mediante el uso de intermediarios contratistas de fuerza de trabajo, mejor conocidos como outsourcing, empresas cuyos dueños son principalmente funcionarios públicos de todos los partidos políticos, se reinstauraron en el país prácticas semi esclavistas.
Esto ocurre en el gobierno federal, en los gobiernos estatales y municipales, así como en las cámaras de Diputados y de Senadores y hasta en las comisiones Nacional y Estatales de Derechos humanos, y, el colmo, en la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social,  institución encargada de la aplicación de la Ley Federal del Trabajo.

La  Ley Federal del Trabajo que presentó Felipe Calderón el pasado Primero de septiembre del 2012 para ser dictaminada por la vía “Fast-Track” en un plazo de 30 días, por el derecho preferente que le otorgó la legislatura pasada con la modificación al artículo 71 constitucional, fracción cuarta, es la misma  que entregó a la Cámara de Diputados el 18 de marzo del 2010 Javier Lozano, ex secretario del Trabajo y Previsión Social y actual senador de la República por el PAN, acompañado por Josefina Vázquez Mota, entonces coordinadora de los diputados panistas, y por Gustavo Madero, entonces coordinador de los senadores panistas y actual líder del PAN.  

Plantea modificaciones para  instaurar el contrato temporal y por “capacitación”, con lo cual sienta las bases para sustituir la contratación de base, establece el pago de trabajo por hora y que el pago de salarios caídos por demanda laboral o huelga sólo sea por un máximo de 6 meses. También propone que desaparezcan los puestos de trabajo y el patrón pueda utilizar al trabajador para cualquier actividad que requiera la empresa - de esta forma un ingeniero podría ser enviado a lavar baños, si así lo requiere el patrón- y que el patrón no pague utilidades.  También propone Legalizar la subcontratación de mano de obra, a través de las outsourcing. Elimina la obligación de los trabajadores sindicalizados de pagar la cuota sindical, con lo cual pretende debilitar al sindicalismo y dejarlo sin recursos económicos. Y propone que las huelgas no puedan durar más de 60 días.
Exactamente casi un año después, el 10 de marzo del 2011,  el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) integrado por 238 diputados firmó  y presentó su propuesta de reforma laboral que, curiosamente es muy parecida a la del PAN, especialmente en lo que se refiere a eliminar la jornada máxima de 8 horas, el pago de horas extras, la movilidad en el trabajo, la estabilidad en el empleo y los derechos de antigüedad y limita a un año el pago de salarios caídos, a sabiendas de que los juicios duran cinco años o más. Pero es peor en otras, porque elimina la tabla de enfermedades profesionales de trabajo.
Al menos tienen  semejanzas en las propuestas de anular avances históricos de los derechos de los trabajadores, según un análisis comparativo que realizó el Lic. Jesús Luna para el programa radiofónico Frecuencia Laboral y en el portal www.frecuencialaboral.com 

Ambas propuestas de reforma laboral son muy parecidas porque, tanto la del PRI como la del PAN fueron elaboradas por el mismo despacho de abogados, el cual encabeza Tomás Natividad y otros abogados de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), según denunció el ex presidente de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Manuel Fuentes.

Y ambas fueron ampliamente rechazadas en movilizaciones que organizó la Unión Nacional de Trabajadores,  el Frente Sindical Mexicano y el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, organizaciones sindicales que lograron frenar el albazo que se pretendía dar a las propuestas de reforma laboral del PRI-PAN, que fueron calificadas de neoesclavistas y neocolonialistas. 

A las protestas sindicales que se registraron afuera de la Cámara de Diputados, en marzo del 2012,  se sumó algo que nadie imaginaba que iba a pasar… los propios diputados priistas del sector obrero se inconformaron con la propuesta de reforma laboral que presentó el coordinador priista en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas,ya que advirtieron que no es la que acordó la mayoría de su partido, porque merma a sus propias organizaciones que son un pilar del PRI, con la propuesta de eliminar la retención obligatoria de cuotas sindicales, sujetar el derecho de huelga a la aprobación de las autoridades laborales y la fiscalización de los recursos sindicales. El  miércoles 23 de marzo del 2011, aprobaron realizar foros de debate y literalmente quedó frenada y desechada esa propuesta que ahora revivió Felipe Calderón.

Sin embargo, los priistas sólo la frenaron para evitar que la inconformidad contra la reforma laboral les impactara negativamente en los  procesos electorales del Estado de México  el 03 de julio del 2011 y las elecciones federales del 01 de julio del 2012. 

Ahora se reanuda el proceso para dictaminarla por la vía fast-track, como originalmente querían el PRI y el PAN, respaldados en la reforma constitucional que otorga derecho preferencial del presidente de la República, para que se dictaminen en plazo máximo de 30, dos iniciativas que envíe al congreso al inicio del período de sesiones. 

El problema es que los nuevos diputados federales que ahora instalaron el pasado 13 de septiembre del 2012 la Comisión de Trabajo y Previsión Social,  no conocen a fondo su contenido (reconoció públicamente el nuevo presidente de la comisión, el priista y líder de la CTM en el Distrito Federal, Carlos Aceves del Olmo) y mucho menos saben las conclusiones de los foros que se realizaron entre abril y junio de los corrientes…en esas condiciones emitirán un dictamen sin conocimiento de causa.

Eso es grave, porque su decisión trastocará la historia del país y de millones de mexicanos.

Por lo cual el Frente de Comunicadores contra la Reforma Laboral, demanda el derecho de los mexicanos a conocer  y discutir en foros públicos la propuesta  Calderonista, así como de todas las propuestas que se presentaron desde el 1 de septiembre del 2012, y a que de nueva cuenta se abran foros de consulta para escuchar las opiniones de la sociedad. 

También reclamamos que no se eliminen los derechos conquistados por los trabajadores en los últimos 200 años. 

Las legisladoras y los legisladores están obligados jurídicamente a votar en contra de esta iniciativa, conforme al nuevo texto del artículo primero constitucional, “quienes voten a favor, en comisiones o en el pleno, de artículos violatorios de derechos humanos, incurren en responsabilidad personal y deberán ser obligados a reparación del daño causado”.