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CORRUPCIÓN: EL PRI, MARIO MARÍN Y LAS ACUSACIONES DE CAMPESINOS POR DESPOJO DE TIERRAS.
¿Qué pasó con Mario Marín?
Por Edgar García
La historia del PRI y del PAN sigue sin
alterarse. Son los mismos de ahora, de antes, de siempre.
¿Se acuerdan de Mario Marín, el
tristemente célebre gobernador PRIísta, el “Góber Precioso”,
acusado de pederastia?
Cómo olvidar las violentas acciones en contra de la periodista Lydia Cacho, que quedaron sin castigo.
¿Se acuerdan de que el entonces
candidato del PAN, Felipe Calderón Hinojosa, prometió meterlo a la
cárcel por violación de los derechos humanos, haciendo la pantomima
de sacarle una tarjeta roja y que no cumplió con su promesa, siendo
presidente?
Pues les invitamos a ver un extracto de la página Educación Contracorriente, para que sepamos también de las denuncias que campesinos hicieron en su momento en contra de PRIístas
cercanos a Mario Marín, sin ningún castigo. Les invitamos a ver la página completa:
Mario Marin, Javier López Zavala y
Mario Montero Serrano falsificaron documentos para avalar violaciones
a la ley en favor de Carlos Peralta y obtener millones de dólares
como agradecimiento
(...) Los hermanos Posada Cueto,
quienes han ocupado cargos públicos durante el sexenio de Marín,
son los principales constructores del fraccionamiento Lomas de
Angelópolis.
“Rafael Posada Cueto fue diputado
por el PRI y su hermano Gabriel Posada fue miembro del comité
financiero de la campaña de Javier López Zavala, ex candidato del
PRI-PVEM a la gubernatura. Ellos operan con la gente que está muy
cercana a Marín. Aquí están coludidos agentes del Ministerio
Público, alcaldes y el presidente municipal de San Andrés Cholula,
quien les ha permitido hacer todo lo que han querido y no han
defendido a muchísima gente que han despojado”, denuncia.
Por último, observen en el video al final de esta nota cómo ni siquiera pudo jalar acarreados al final de su sexenio.
Los trabajadores debemos dejar a los PRIístas y PANistas corruptos solos desde antes de ejercer cualquier puesto público.
Pero para lograrlo debemos primero generar conciencia en nosotros mismos, en nuestros vecinos, amigos, familiares y compañeros. Organízate y descubre que existen formas efectivas de defensa de nuestros derechos.
Escucha radio UNAM, todos los domingos, a las once de la mañana.
¿Reniegas de lo que te hacen los poderosos? Pues actívate y participa.
Libre, ex directivo de la CFE acusado de corrupción. NESTOR FELIX MORENO DIAZ
Aunque la PGR solicitó anoche que se negara la libertad condicionada al ex director de Operaciones, ante la posibilidad de que evada la justicia, la juez décimo de distrito optó por conceder la solicitud del inculpado.
Alfredo Méndez
Publicado: 04/09/2011 14:45
México, DF. Una juez federal del Reclusorio Oriente autorizó la libertad provisional bajo fianza de Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), detenido el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca, informaron fuentes judiciales.
Aunque la Procuraduría General de la República (PGR) presentó un escrito durante la noche de ayer para pedir a las autoridad judicial que negara la libertad condicionada a Moreno Díaz, ante la posibilidad de que evada la acción de la justicia, la juez décimo de distrito optó por conceder la solicitud del inculpado, quien en los próximos seis días deberá aportar pruebas ante el juzgado si quiere evitar el auto de formal prisión.
Durante la madrugada de este domingo, Moreno escuchó los testimonios y las pruebas que lo incriminan en presuntos actos de corrupción en el otorgamiento de contratos en la CFE, y se negó a rendir declaración preparatoria, con base en los beneficios del artículo 20 de la Constitución.
Cuando concluyó la diligencia, el inculpado pidió a las autoridades del juzgado que le concedieran el beneficio de la libertad bajo caución; después pagó su fianza y en las primeras horas del domingo abandonó las instalaciones del Reclusorio Oriente, en compañía de sus abogados.
NOTICIA DEL 3 DE SEPTIEMBRE:
Cae defraudador de CFE; recibió millonarios sobornos en EU
Néstor Moreno Díaz pretendía huir del país en un avión privado. Por otorgar contratos a extranjeros le dieron un yate, un Ferrari y miles de dólares.
Moreno Díaz fue detenido el sábado pasado en cumplimiento de la orden de captura 25/2010.México, DF. Néstor Moreno Díaz pretendía huir del país ayer en un avión privado –que despegaría del aeropuerto de Toluca– cuando agentes del Ministerio Público Federal lo capturaron y condujeron al Reclusorio Preventivo Oriente del Distrito Federal, donde será procesado por enriquecimiento ilícito. El ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está acusado de defraudar a esa empresa y recibir millonarios sobornos de compañías estadunidenses a las que benefició por encima de la normatividad.
El Ministerio Público Federal, adscrito a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, obtuvo una orden de aprehensión por enriquecimiento ilícito contra Néstor Félix Moreno Díaz, al considerar que las pruebas son eficaces para acreditar el delito de enriquecimiento ilícito, durante su gestión como subdirector y director de operación de la CFE.
El ex funcionario tuvo en sus manos la facultad de otorgar contratos y trato preferencial a compañías extranjeras y nacionales –en detrimento de la CFE–, y a cambio recibió sobornos en especie, como el yate Dream Seeker, valuado en casi 1.8 millones de dólares, un auto deportivo Ferrari (270 mil dólares), un abono de 170 mil dólares en una tarjeta de crédito y un millonario e incalculable monto de inversión en su cuenta personal.
Moreno Díaz en su pasado reciente incurrió en delitos graves porque otorgó discrecionalmente millonarios contratos de la CFE a empresas contratistas que operan en el Distrito Federal.
Los señalamientos contra el ex funcionario surgieron en Estados Unidos y desde ahí se le implicó en corrupción porque recibió costosos regalos. Benefició a la empresa suiza ABB, que desplegó sus operaciones en la zona atendida por Luz y Fuerza del Centro.
Moreno Díaz tuvo relación con los contratos otorgados a las compañías privadas Hursa y Melqro, Constructora Mexicana Coelse, Jusamo, Constructora Eléctrica Torres y Cebsa, Proyectos Eléctricos Ramírez, entre las más conocidas.
Revelado el tejido de corrupción en torno a Néstor Moreno, éste solicitó licencia al entonces director general de la CFE, Alfredo Elías Ayub, para enfrentar el proceso por enriquecimiento ilícito.
Tras un año de investigaciones en tribunales fiscales de Estados Unidos, el rotativo The Wall Street Journal evidenció que la corrupción en torno al ex funcionario inició en 1997, no obstante se divulgó 12 años más tarde, en 2009, una vez que la empresa trasnacional ABB –una de las más importantes en ingeniería eléctrica– alertó a la fiscalía en Estados Unidos que algunos de sus empleados habían violado la Ley de Prácticas de Corrupción en el extranjero por sobornar a funcionarios foráneos.
Por su parte, la CFE aseguró que espera que las investigaciones tras la captura de Moreno Díaz lleguen hasta sus últimas consecuencias, se deslinden responsabilidades y, en su caso, se apliquen las penas y sanciones contra quienes resulten responsables. En un comunicado, la CFE reiteró su disposición a seguir colaborando con las autoridades competentes en las pesquisas del caso.
Fraude mayúsculo
En tanto, el presidente de la Comisión Especial de Casos de Corrupción en la CFE en San Lázaro, César Augusto Santiago, recordó que a partir del 20 de junio de 2007 la cajera de la paraestatal, María Elena Guerrero Escamilla, descubrió una transferencia ilegal de fondos por más de 7 millones de pesos a cuentas personales de empleados de CFE. Desde entonces se puso al descubierto que durante cuatro años se registraron acciones similares con operaciones que totalizaban 300 millones de pesos. Tras su descubrimiento la empleada fue detenida por la PGR, inculpada por declaraciones de un subordinado que dependía de Néstor Moreno.
Por tanto, el legislador insistió en que el Poder Judicial no permita que impere la impunidad y este sujeto quede libre, ya que sobre él pesa un fraude mayúsculo a la nación.
El Sindicato Mexicano de Electricistas celebró la detención de Néstor Moreno. Martín Esparza Flores, secretario general del gremio, señaló que su agrupación reconoce el trabajo de la titular de la PGR, Marisela Morales, y confió en que el ex funcionario sea juzgado por sus delitos. Exhortó al Poder Judicial a que actúe en consecuencia, pues, dijo, otros defraudadores de la paraestatal han sido condenados en Estados Unidos hasta con 30 años de cárcel, por lo que el sindicato espera un castigo adecuado para Moreno Díaz.
Vamos a estar muy pendientes del proceso que se le siga; esperamos que no lo dejen libre bajo caución. Llamamos al Poder Judicial para que cumpla con la ley y que no lo deje libre por ningún motivo, porque ha defraudado al país.
12 FAMILIARES DE LÍDER GREMIAL COBRAN SALARIAZOS
 http://frecuencialaboral.com/sindicatoimssnepotismo.html*Durante su Liderato Aumento sus Ingresos en Mil Por Ciento*Disidentes Van a la Cámara de Diputados a Denunciar Ilícitos.Por Regina Vargas Periodista de Frecuencia Laboral El Movimiento Nacional de Trabajadores del Seguro Social dio a conocer el nepotismo que priva en ese Instituto, ya que 12 familiares directos del dirigente del sindicato de trabajadores del IMSS, Valdemar Gutiérrez Fragoso, están en la nómina del Instituto, con altos salarios y si algunos de ellos ganaban 4 mil pesos, de repente les aumentaron a 24 mil pesos. En esa nómina, están nueve de sus hermanos. Nicolás Serrato, quien encabeza el movimiento con escritos en mano informó que documentos de la Consulta Nacional, que constituyen la base de datos del registro administrativo de personal del IMSS, Verónica, César, Silvia, Leticia Gutiérrez Fragoso, así como Valdemar Gutiérrez Botello laboran en el Centro de Capacitación del Sindicato. En una entrevista, el representante destacó que ellos no cuestionan los argumentos de Gutiérrez Fragoso de que es “fuego amigo”, pues todos sus familiares entraron a trabajar antes de que él fuera dirigentes sindical. Más bien, dijo, “lo que denunciamos es que precisamente ahora que dirigente del SNTSS, es precisamente cuando les han otorgado niveles de confianza, del nivel 44, 72 y 73, cuando antes en la base ganaban entre 3 mil pesos, ahora resultada que ganan entre 28 y 30 mil mensuales, lo cual significa que es van allá de un mil por ciento salarial, cuando al resto de los trabajadores solo se le otorga entre el 4.1 o 4.5 por ciento”. Serrato insistió que no cuestionan que sus familiares ya tenían muchos años laborando en el IMSS antes de su gestión, sino la manera en que les ha aumentado el salario, gracias a los niveles de confianza que les ha otorgado. Pues en los niveles que les otorgó, de acuerdo a un reglamento debieron haber concursado, y no pasó así. Ello, representa un desfalco para la institución, de acuerdo al representante. Según el denunciante, el IMSS eroga más de 200 mil pesos al mes para cubrir los salarios de los familiares del también diputado federal del PAN. Por ello, precisó que el artículo 11 de los Estatutos del SNTSS instituye que los trabajadores que pasan a un puesto de confianza quedan suspendidos de sus derechos sindicales mientras lo ocupen. Antes de la llegada de Valdemar, las dirigencias del SNTSS eran de cuatro años, ya que el artículo 73 de los estatutos gremiales prohibe la reelección del secretario general; sin embargo, este dirigente prorrogó su periodo por dos años para ajustarlos al sexenio de la administración federal. Después Gutiérrez Fragoso se reeligió para otro periodo de seis años, acción avalada por la Secretaría del Trabajo a través de la toma de nota con número de expediente 10/2366-45, para el periodo del 16 de octubre de 2012 al 15 de octubre de 2018. En otro tema, informó que el pasado 12 de junio se presentó una demanda contra reelección de Valdemar Gutiérrez Fragoso como secretario general del Sindicato del IMSS. |
BOLETIN INFORMATIVO DE LA DISIDENCIA SINDICAL Ante la constante violación a los derechos laborales de los trabajadores activos y jubilados del Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (SNTSS) miles de agremiados decidimos iniciar la defensa de nuestros derechos como la única manera de regresar a nuestra organización al camino de la legalidad. En el marco de nuestra lucha, el pasado 30 de mayo, se presentó en la Junta Especial número 9 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la demanda contra la reelección de Valdemar Gutiérrez Fragoso; cuyo expediente quedó asentado con el número 10/442011, y con número de folio 132713. En el proceso, se demanda al Instituto Mexicano del Seguro Social que suspenda la entrega de cuotas sindicales al SNTSS a partir del 16 de octubre de 2012 al 15 de octubre de 2018, en tanto no se resuelva la demanda presentada a la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo, por la expedición de la Toma de Nota que prorroga exclusivamente a Valdemar Gutiérrez Fragoso para estar al frente del SNTSS del 16 de octubre de 2012 hasta el 15 de octubre de 2018, ya que esta prórroga viola los estatutos de nuestra organización en su artículo número 73, al no encontrarse en nuestro código estatutario. Los trabajadores activos y jubilados del IMSS rechazamos la descarada intromisión de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo, en nuestra autonomía sindical. Esta posición del secretario del trabajo, Lozano Alarcón, de extender la “prórroga de mandato” ya fue desmentida por el propio Valdemar ante una autoridad de procuración de justicia como lo demuestra la Denuncia de Hechos que él firmó ante el Ministerio Público en turno de la Delegación Cuauhtémoc, en donde reconoce, en el punto No. 1- “Soy médico de profesión, a lo largo de mi vida profesional he trabajado para el IMSS y por decisión de los trabajadores del SNTSS y en virtud de las elecciones que se efectuaron en el 2010 el día de hoy soy el secretario general por reelección”, quedando estampada su firma en la referida Denuncia de Hechos el día 14 de febrero de 2011. Por todas estas violaciones llevadas a cabo por Javier Lozano Alarcón, los trabajadores del IMSS lo responsabilizamos por los más de 5 mil compañeros sancionados, rescindidos y reprimidos por toda la impunidad otorgada a Valdemar Gutiérrez Fragoso. Además la ceguera de la Secretaria del Trabajo ha llevado a nuestra organización a la más grande corrupción del patrimonio sindical, la cual no tiene precedente en nuestra historia sindical. Esto o lo puede negar Javier Lozano porque el pacto que él tiene con Valdemar Gutiérrez está construido con el objetivo de financiar la carrera presidencial en el Partido Acción Nacional (PAN) con el dinero y con el voto de los 400 mil trabajadores y sus familias. Por todo esto ya preparamos la siguiente demanda contra Javier Lozano Alarcón y Valdemar Gutiérrez Fragoso ante la Organización Internacional del Trabajo por las violaciones a los derechos de los trabajadores del IMSS y por la violación a nuestra autonomía sindical. No omitimos informarle a la prensa que esta demanda contra la reelección de Valdemar y su elocuente confesión la haremos llegar a Felipe Calderón, al Senado de la República, a la Cámara de Diputados, a los partidos políticos, a las centrales obreras y a los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras. Finalmente el movimiento, dio a conocer que el próximo 30 de septiembre realizarán una marcha a la Cámara de Diputados para denunciar malos manejos al interior del gremio, así como exigir que investiguen los presuntos desvíos. |
ALTOS JEFES POLICÍACOS SE QUEDAN CON EL PRESUPUESTO
Denuncia Granadero en Huelga de Hambre
http://www.frecuencialaboral.com/huelgahambregranadero2011.html
*Exigen a los Mandos Medios Cuota de 5 Mil Pesos a la Quincena, Para el Subrecretario de Seguridad Pública del D.F.*El subinspector José Angel Pérez López, Exige su Reinstalación...Dice que Fue Despedido por Denunciar la Corrupción.
Por María de Lourdes Martínez González
Periodista de Frecuencia Laboral
En demanda de su reinstalación en el cargo como comandante del Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal, con respeto a su antigüedad de 35 años de servicio, se encuentra en huelga de hambre desde el primero de agosto del 2011, el subinspector José Angel Pérez López. Afirma que lo despidieron injustificadamente para no darle su derecho a pensión y porque denunció la corrupción de los mandos policíacos.
El huelguista de hambre puso su campamento afuera de la Contraloría Interna del Gobierno del Distrito Federal, entre avenida Juárez y Reforma, donde se puede leer un cartel en el que dice "ALTOS JEFES DROGRADICTOS Y CORRUPTOS SE QUEDAN CON EL PRESUPUESTO, YA QUE NO LO DESTINAN PARA LA POLICÍA, YA QUE EL POLICÍA TIENE QUE COMPRAR SUS UNIFORMES, REPARAR SUS AUTOPATRULLAS, DAR PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CUARTELES Y LA CUOTA DEL JEFE . DOCTOR MONDRAGÓN DEBE EMPEZAR A LIMPIAR DE TANTO CORRUPTO...NO LE VAYA A PASAR LO QUE A DURAZO". (Arturo Durazo Moreno, fue Jefe de la Policía del D.F. hasta que tenía propiedades millonarias y fue destituído a finales de los años 80, acusado de tortura y homicidio de los detenidos, así como de extorsión a sus elementos policíacos para hacer su fortuna, quienes a su vez tenían autorizado extorsionar a la ciudadanía, para cubrir su cuota).
En entrevista con Frecuencia Laboral el granadero en huelga de hambre explicó que sus problemas comenzaron cuando "porque me empezaron a pedir cuotas (de 5 mil pesos a la quincena ) para Darío Chacón Montejo -Subsecretario de Seguridad Pública del D.F. y ex jefe del agrupamiento de granaderos- y como estuve denunciando las corruptelas por escrito, ante el doctor Mondragón (Secretario de Seguridad Pública de Distrito Federal, Manuel Mondragón y Kalb) y en su momento les dije que si ya no me querían aquí, pues que me dieran mi pensión o mi jubilación...y lo único que saqué fue que me destituyeran aplicandome una falta administrativa que nunca cometí"
Señaló que lo acusaron de que se había negado a hacer la prueba del polígrafo y que una firma que plasmó ahí no era la suya, pero en realidad se molestaron porque hizo el examen del polígrafo pero puso que firmaba bajo protesta y por ordenes superiores. Denunció que los expedientes donde documenta sus acusaciones ya fueron hechos perdidizos, pero demostraba que le pedían dinero y cuando no daba la cuota sufría de hostigamiento psicológico, laboral y económico.
"Me pedían 5 mil pesos o a veces más...personal de confianza de Darío Chacón Montejo, un tal Alfredo Toledo, era el que llegaba y pedía, pero no nada más a mí, sino a todos los comandantes del sector oriente...eran 5 mil pesos cada quincena o si se le descomponía su auto a Chacón Montejo, querían que hiciera uno la vaquita o la cooperación para arreglarselo...querían que yo extorsionara al personal para darles...entonces como yo me negaba...tampoco les iba a dar de mi sueldo, si apenas puedo cubrir las necesidades de mis hijos...y ya me pusieron en toda la torre".
El cuerpo de granaderos está dispuesto para controlar -y en su caso- reprimir las manifestaciones públicas, despejar los bloqueos de avenidas por protestas sociales, levantar los puestos de los comerciantes ambulantes y para tener todo tipo de enfrentamientos con la ciudadanía.
El huelguista de hambre, subinspector José Angel Pérez López, comentó que está consciente de que las autoridades del gobierno del Distrito Federal esperarán a que casi esté muriendo para prestarle atención, pues hasta ahora ni las autoridades centrales, ni las policías ni la contraloría interna ha intentado dialogar con él. "Así me hicieron en otra huelga de hambre que hicie, por lo mismo...pero afortunadamente me reinstalaron".
En apoyo al comandante de granaderos en huelga de hambre, lo visitan diariamente otros policías que dicen haber sido despedidos por denunciar la corrupción.
El ex policía José Guadalupe Rodríguez Monroy, integrante de un grupo de ex elementos de seguridad que llamada "Planilla Azul", dijo que fue despedido por publicar un libro sobre una mafia de jefes policíacos que controlan a la Secretaría de Seguridad Pública, denominada "La Hermandad".
"El libro se llama La Hermandad Policíaca: El Verdadero Rostro de la Corrupción Policíaca, donde habla especialmente del grupo de poder que hay dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Aunque los secretarios no lo quieran reconocer, existe ese grupo. De hecho en un programa que se difundió en el 2004, que se llamaba verdades ocultas hubo un compañero que perteneció a esa hermandad que denunció a Darío Chacón -actual subsecretario de Seguridad Pública- como los iniciadores de esa hermandad".
Por su parte el ex segundo inspector, licenciado en derecho, José Luis Mendoza Prado aseguró que lo despidieron por haber denunciado la corrupción de Joel Ortega Cuevas, ex secretario de seguridad pública e hizo notar que el actual subsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Darío Chacón Montejo, ha ocupado ese cargo en tres ocasiones consecutivas con las administraciones capitalinas que han encabezado el PRD. Pero lo anormal es que concluye un período, lo liquidan con sumas altas de dinero y, luego, lo vuelven a recontratar, sangrando al erario público.
"...me tendieron una trampa para despedirme, los acuse en la Procuraduría y nada...los acusé en la contraloría y nada...solamente les gané el juicio en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, pero de acuerdo a las reformas del señor presidente Felipe Calderón, una vez que te dan la baja como policía ya no puedes regresar...llevo tres años sin cobrar, sin servicio médico y ya tenía 42 años de servicio y me corresponde la pensión y jubilación, pero se niegan a darme lo que me corresponde".
El ex elemento de tránsito, Valentín García Cruz, afirmó que lo dieron de baja, para negarle su pensión. Interpuso una denuncia en contra de la Secretaría de Seguridad Pública y logró una sentencia favorable, por lo cual debieron de haberlo reinstalado, indemnizado o darle su pensión, pero nada de eso ha ocurrido. "Gané un amparo y lo único que pido es justicia y que se reconozcan mis 31 años de servicio".
Las Juntas de Conciliacion, mafia de los derechos laborales
http://www.forumenlinea.com/articulos/articulo01.html
Las JCA, mafia de los derechos laborales
José Sobrevilla / Noticias del Empleosobrevill@yahoo.com.mx
Quienes hemos tenido que estar en los juzgados por demandas laborales, sabemos de las mafias que cobijan las Juntas Federales y/o Locales de Conciliación y Arbitraje, en las que, desde abogados, coyotes, hasta despachos "prestigiados" cuyo negocio es acumular demandas contra empresas, tienen contubernio con las JCA en un negocio redondo del que poco se habla.
Resulta paradójico e indignante leer en las oficinas de las JCA los enormes carteles pegados en sus paredes donde dice que "Todos los servicios son gratuitos", "Di no a la Corrupción" y el abogado lo primero que pide es "una lana" para untarle la mano al funcionario que lleva el caso "para que lo agilice"; o bien el pago de copias (de hasta 20 o 25 pesos cada hoja del expediente).
No obstante los sueldos que perciben los funcionarios de las JCA, los ingresos por corrupción, es secreto a voces, de que han generado verdaderas mafias y de las cuales las autoridades han sido omisas, o bien cómplices de las mismas. Algo así como la famosa "Fraternidad" en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, muy mencionada, pero siempre negada.
En agosto pasado, en uno de los últimos casos reconocidos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó la corrupción de Consuelo Vázquez Mendoza, actuaria adscrita a la Junta Especial Número 8 Bis y del licenciado José Manuel Aguilar Olvera, procurador auxiliar, a partir de la queja administrativa 496/2009, tramitada ante la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), según nota deExcélsior.
En enero de 2005, el Grupo Reforma publicó la declaración de Miguel Ángel Cantú, presidente entonces de la JFCA, de que "En México hay más de 112 mil conflictos laborales sin resolución en la JFCA, lo que ha propiciado la formación de cárteles del litigio que aprovechan para obtener millones de pesos en ganancias (…) Es una lamentable realidad que en esta ciudad capital, como en diversas entidades federativas, existan verdaderos cárteles de litigio que industrializan la práctica profesional, particularmente cuando se trata de demandas a grandes empresas e instituciones públicas".
Sin haber cambiado mucho el escenario, en esa ocasión el funcionario señalaba que la enorme cantidad de casos provoca que diversas firmas de abogados concentren de 2 mil a 3 mil demandas, de las cuales la mayoría son contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y de ferrocarrileros, lo que implica una jugosa cantidad de dinero, en lo que -aceptó- están involucrados gran cantidad de funcionarios.
En agosto 6 de 2010, el delegado federal del Trabajo en Tamaulipas también señalaba que la JFCA tramitaba más de 247 mil juicios individuales, de los cuales el 55% correspondían a conflictos relacionados con la seguridad y previsión social de los trabajadores, como consecuencia de la aplicación de criterios jurisprudenciales y la Ley del Seguro Social.
Este 2011, la JFCA tendrá un presupuesto de 662 millones 84 mil 856 pesos, de los cuales su presidente, Eduardo Andrade Salaverría (designado por Felipe Calderón en abril de 2008), tendrá un sueldo base de $23,667.18 mensuales más una compensación garantizada de $171,041.16 lo que arrojaría una percepción bruta de $194,708.34; a esto hay que sumarle otras prestaciones económicas como prima vacacional (de 50% de 20 días de sueldo base al año), prima de antigüedad, gratificación de fin de año (40 días de sueldo base), pagos de defunción (hasta cuatro meses de sueldo bruto), ayuda para despensa y vacaciones (20 días al año).
El negocio de los derechos laborales se evidencia más si consideramos que cada uno de los 66 presidentes de las Juntas Especiales tienen un sueldo mensual bruto de $119,670.45 lo que nos da una erogación de 7.898,249.70 al mes; que al año suman 94.778,996.40 sin considerar prestaciones. Esta cantidad nada nos sorprendería si observamos que el chofer del presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverría, tiene un sueldo mensual de $17,118.89 con clave de puesto 525, equivalente a supervisor de área, claro, sin contar las prestaciones.
El presente año, tan solo el sector central ejercerá un presupuesto de 3 mil 485 millones, 618 mil 744 pesos, de un total de 3 mil 704 millones 657 mil 375 pesos destinados al Ramo 14 de la STPS, relacionado con las JCA.
Las mafias de los abogadosResulta paradójico e indignante leer en las oficinas de las JCA los enormes carteles pegados en sus paredes donde dice que "Todos los servicios son gratuitos", "Di no a la Corrupción" y el abogado lo primero que pide es "una lana" para untarle la mano al funcionario que lleva el caso "para que lo agilice"; o bien el pago de copias (de hasta 20 o 25 pesos cada hoja del expediente).
No obstante los sueldos que perciben los funcionarios de las JCA, los ingresos por corrupción, es secreto a voces, de que han generado verdaderas mafias y de las cuales las autoridades han sido omisas, o bien cómplices de las mismas. Algo así como la famosa "Fraternidad" en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, muy mencionada, pero siempre negada.
En agosto pasado, en uno de los últimos casos reconocidos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó la corrupción de Consuelo Vázquez Mendoza, actuaria adscrita a la Junta Especial Número 8 Bis y del licenciado José Manuel Aguilar Olvera, procurador auxiliar, a partir de la queja administrativa 496/2009, tramitada ante la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), según nota deExcélsior.
En enero de 2005, el Grupo Reforma publicó la declaración de Miguel Ángel Cantú, presidente entonces de la JFCA, de que "En México hay más de 112 mil conflictos laborales sin resolución en la JFCA, lo que ha propiciado la formación de cárteles del litigio que aprovechan para obtener millones de pesos en ganancias (…) Es una lamentable realidad que en esta ciudad capital, como en diversas entidades federativas, existan verdaderos cárteles de litigio que industrializan la práctica profesional, particularmente cuando se trata de demandas a grandes empresas e instituciones públicas".
Sin haber cambiado mucho el escenario, en esa ocasión el funcionario señalaba que la enorme cantidad de casos provoca que diversas firmas de abogados concentren de 2 mil a 3 mil demandas, de las cuales la mayoría son contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y de ferrocarrileros, lo que implica una jugosa cantidad de dinero, en lo que -aceptó- están involucrados gran cantidad de funcionarios.
En agosto 6 de 2010, el delegado federal del Trabajo en Tamaulipas también señalaba que la JFCA tramitaba más de 247 mil juicios individuales, de los cuales el 55% correspondían a conflictos relacionados con la seguridad y previsión social de los trabajadores, como consecuencia de la aplicación de criterios jurisprudenciales y la Ley del Seguro Social.
Este 2011, la JFCA tendrá un presupuesto de 662 millones 84 mil 856 pesos, de los cuales su presidente, Eduardo Andrade Salaverría (designado por Felipe Calderón en abril de 2008), tendrá un sueldo base de $23,667.18 mensuales más una compensación garantizada de $171,041.16 lo que arrojaría una percepción bruta de $194,708.34; a esto hay que sumarle otras prestaciones económicas como prima vacacional (de 50% de 20 días de sueldo base al año), prima de antigüedad, gratificación de fin de año (40 días de sueldo base), pagos de defunción (hasta cuatro meses de sueldo bruto), ayuda para despensa y vacaciones (20 días al año).
El negocio de los derechos laborales se evidencia más si consideramos que cada uno de los 66 presidentes de las Juntas Especiales tienen un sueldo mensual bruto de $119,670.45 lo que nos da una erogación de 7.898,249.70 al mes; que al año suman 94.778,996.40 sin considerar prestaciones. Esta cantidad nada nos sorprendería si observamos que el chofer del presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverría, tiene un sueldo mensual de $17,118.89 con clave de puesto 525, equivalente a supervisor de área, claro, sin contar las prestaciones.
El presente año, tan solo el sector central ejercerá un presupuesto de 3 mil 485 millones, 618 mil 744 pesos, de un total de 3 mil 704 millones 657 mil 375 pesos destinados al Ramo 14 de la STPS, relacionado con las JCA.
Uno de los aspectos que más ruido causó cuando se dio a conocer la propuesta del sector patronal para modificar la Ley Federal del Trabajo, fue precisamente la de limitar la generación de salarios caídos a los seis meses. Estos salarios son los que percibe el trabajador desde que fue despedido hasta que se dicta la sentencia a su favor; principio contenido en la ley cuyo objetivo es mantener la estabilidad del empleo. Esto es, el patrón está obligado a pagar los salarios como si nunca se hubiera roto la relación laboral, lo que hace ver desfavorables las nuevas reglas.
Sin embargo, lo importante de esto es que los abogados (despachos o coyotes) se llevan gran parte de la tajada, ya que ofrecen llevar el juicio por un porcentaje (que ronda entre el 15 y 25%) de lo recuperado de los derechos del trabajador. Tiene razón Fenix (blog) cuando señala que el abogado tiene una función parasitaria porque vive de los problemas de los demás. Incluso -señala- hay abogados de poca honestidad que crean los problemas, para obtener más recursos.
Ya sea justificada o injustificadamente, es una práctica común en el ámbito del derecho del trabajo la de generar una gran cantidad de demandas en contra de empresas y hacer un convenio en el menor tiempo posible. De esa forma, el abogado del trabajador obtiene su sustento diario, y el abogado patronal se evita perder un juicio por una cantidad mucho mayor. El trabajador, obviamente, queda en medio. El convenio se firma por una cantidad menor de la que correspondería en juicio, de lo cual el trabajador puede estar consciente en ocasiones (se presta para presentar demandas) y otras, simplemente no tiene otra opción que aceptar el dinero que le den.
Como bien apunta Fenix, cuando los salarios caídos no den más de seis meses, los únicos que sobrevivirían serían los despachos grandes, porque ya no sería negocio para los coyotes y los pequeños; lo que haría que muy pocos quieran defender a la clase obrera en los juicios laborales. (Con información de Excélsior, El Siglo de Durango, Hoy Tamaulipas, Secretaría de Hacienda, Portal de Transparencia y Fénix Comunicación).
Sin embargo, lo importante de esto es que los abogados (despachos o coyotes) se llevan gran parte de la tajada, ya que ofrecen llevar el juicio por un porcentaje (que ronda entre el 15 y 25%) de lo recuperado de los derechos del trabajador. Tiene razón Fenix (blog) cuando señala que el abogado tiene una función parasitaria porque vive de los problemas de los demás. Incluso -señala- hay abogados de poca honestidad que crean los problemas, para obtener más recursos.
Ya sea justificada o injustificadamente, es una práctica común en el ámbito del derecho del trabajo la de generar una gran cantidad de demandas en contra de empresas y hacer un convenio en el menor tiempo posible. De esa forma, el abogado del trabajador obtiene su sustento diario, y el abogado patronal se evita perder un juicio por una cantidad mucho mayor. El trabajador, obviamente, queda en medio. El convenio se firma por una cantidad menor de la que correspondería en juicio, de lo cual el trabajador puede estar consciente en ocasiones (se presta para presentar demandas) y otras, simplemente no tiene otra opción que aceptar el dinero que le den.
Como bien apunta Fenix, cuando los salarios caídos no den más de seis meses, los únicos que sobrevivirían serían los despachos grandes, porque ya no sería negocio para los coyotes y los pequeños; lo que haría que muy pocos quieran defender a la clase obrera en los juicios laborales. (Con información de Excélsior, El Siglo de Durango, Hoy Tamaulipas, Secretaría de Hacienda, Portal de Transparencia y Fénix Comunicación).
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