CARTA ABIERTA
Lic. Andrés Manuel López Obrador
Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
I. Como usted bien sabe, durante los gobiernos neoliberales,
emergieron cientos de resistencias comunitarias, campesinas,
indígenas y vecinales en contra de proyectos depredadores,
extractivistas, turísticos, urbanizadores y de infraestructura en
todo el país. Dichos proyectos se trataron de imponer a pesar
de sus consecuencias socioambientales, con violaciones legales
y procedimentales, utilizando la fuerza y provocando
numerosas violaciones a los derechos humanos. Se trató de
justificar su realización desde esos gobiernos argumentando su
aporte al crecimiento económico o bien la necesidad del
llamado desarrollo o progreso. Tales discursos ocultaban las
relaciones de poder que existen en cualquier megaproyecto, el
creciente control territorial de las empresas y en especial, el
peligro no sólo ambiental sino comunitario y étnico que
implican muchos de estos proyectos, al deteriorar las
condiciones para que dichas formas de vida colectivas sigan
existiendo.
II. El Frente de Pueblos en Defensa del Agua, Tierra y el Aire, de
Morelos, Puebla y Tlaxcala (FPDTA) es parte de esa enorme
movilización comunitaria y popular que se organizó, protestó y
resistió a lo que podemos considerar imposiciones pro-mercado
de corte autoritario. El Proyecto Integral Morelos, (PIM) que
contempla la construcción de la termoeléctrica en la comunidad
de Huexca, así como un gasoducto y acueducto, representan el
mismo camino andado por la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) que en otros lugares intentó sin éxito realizar proyectos
sin el consentimiento de los pueblos. Sin información previa, sin
consulta a los pueblos, sin debate público, sin estudiar otras
alternativas, los proyectos energéticos de la CFE intentaron
avasallar numerosos pueblos y comunidades que en Oaxaca o
en Guerrero detuvieron faraónicos proyectos hidroeléctricos. El
FPDTA ha luchado durante varios años para ser escuchados, e
incluso sus integrantes han sido víctimas de la represión
gubernamental, llevando a la cárcel a algunos de sus voceros e
integrantes por el gobierno de Graco Ramírez. El FPDTA ha
argumentado el aumento del riesgo en seguridad por la
construcción del gasoducto en una zona volcánica, así como la
utilización, acaparamiento y contaminación del agua por el
proyecto.
III. En fechas recientes usted ha anunciado una consulta para
decidir sobre la activación de la termoeléctrica en Huexca y la
continuidad del PIM. A diferencia de las posiciones
conservadoras, quienes firmamos esta misiva, pensamos que
los pueblos deben ser consultados directamente para la toma
de decisiones. Empero, la consulta que se realizará el próximo
23 y 24 de febrero, dista de cumplir con los requisitos
democráticos para considerarse válida. Como usted sabe,
México ha signado el convenio 169 de la Organización
Internacional del Trabajo, desde donde se desprende el derecho
a la consulta a los pueblos donde son ellos quienes tienen
derecho a “decidir sus propias prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo”. Por otro lado, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en distintas
sentencias así como la Declaración de las Naciones Unidas
sobre los derechos indígenas son claras al decir, que se
requiere del consentimiento de los pueblos para la realización
de proyectos de inversión y de desarrollo. En todos los casos,
ese consentimiento debe lograrse a través de las propias
instituciones comunitarias de los pueblos así como de un
proceso acordado con los propios sujetos sociales, que permita
la información y deliberación, respetando sus formas culturales,
sus lenguas y en especial, los modos de decisión de los propios
pueblos afectados. Si consideramos estos mandatos que se
desprenden de la ley, la consulta convocada desde la
presidencia está muy lejos de responder a dichos criterios. No
es un proceso sino una votación, se realiza sin acuerdo algunos
con los pueblos afectados, se lleva a cabo de manera
precipitada lo que implica un tiempo a todas luces insuficiente
para la información y la deliberación. Pero aún más, no cumple
con los requisitos de equidad de participación ya que el propio
presidente de la república -quien goza de una alta popularidades
quien impulsa la consulta y a la vez quien promueve ahora el
funcionamiento de la termoeléctrica, sin que las voces de los
pobladores tengan un espacio equivalente en los medios de
comunicación para ser escuchadas. Dicha consulta no pondera
además, entre afectados directos e indirectos, soslayando
entonces a quienes tienen derecho a la consulta: los pueblos
indígenas. Es comprensible entonces que muchos de esos
pueblos rechacen la consulta a la que usted ha llamado, no
porque sean conservadores sino porque la consulta no cumple
con la ley y sus derechos. Pero también su rechazo y enojo es
comprensible, si recordamos las propias palabras del hoy
presidente de la república, cuando en Yacapixtla, Morelos, en
2014, dijo: “nosotros vamos a defender con todo lo que
podamos a los pueblos, no queremos ese gasoducto, no
queremos esa termoeléctrica” y hoy se convierta en su
promotor.
IV. Por todo ello, llamamos al presidente López Obrador a escuchar
a los pueblos opositores y reconsiderar por completo no sólo la
modalidad y fecha de consulta que ha determinado
unilateralmente sino la relación que desde la presidencia
establece con ellos. El 1 de julio no sólo se votó contra una
oligarquía partidaria que llevó al desastre al país sino por una
nueva relación entre gobernantes y gobernados. Esa relación
parte del respeto y reconocimiento a los pueblos opositores a
los proyectos gubernamentales que de ninguna manera pueden
ser clasificados como parte de la reacción conservadora contra
el nuevo gobierno federal. La presidencia de la república debe
aprender a debatir en condiciones equitativas antes que
descalificar a los actores civiles, sociales, académicos,
estudiantiles y defensores de los derechos humanos que
apoyamos y acompañamos a los pueblos en defensa de la
tierra. La resistencia y defensa del territorio por los pueblos
indígenas existía mucho antes de que el progresismo ganara la
presidencia y es una lucha legítima por los derechos a decidir
sobre sus modos de vida, sobre sus territorios y que protege
además los bienes comunes naturales. No habrá
transformación política alguna sin los pueblos y comunidades
indígenas y son una nueva relación con el Estado mexicano,
que los reconozca como sujetos políticos colectivos. Llamamos
finalmente a la ciudadanía a conocer, informarse y respetar a
las luchas en defensa de la tierra, que fueron y son parte de la
lucha por transformar este país.
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| Foto: La Jornada de Oriente |
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