Ayotzinapa:
hacer justicia
A más de un mes del violento desalojo de
integrantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en la Autopista del Sol,
a las afueras de Chilpancingo, Guerrero, que se saldó con la muerte
de dos estudiantes –Jorge Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría
de Jesús– y con varios heridos, los resultados de peritajes
llevados a cabo ayer en la escena de los hechos por la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) confirmaron la presunción
–establecida en el informe preliminar presentado por ese organismo
el pasado lunes– de que los disparos que terminaron con la vida de
los normalistas provinieron de agentes de la policía ministerial
guerrerense. Del mismo modo, los citados peritajes confirmaron que en
la acción policial del pasado 12 de diciembre no se siguió
protocolo alguno en materia de disolución de manifestaciones, que la
balacera sobre los estudiantes fue indiscriminada y que los asesinos
de Gabriel y Jorge Alexis tiraron a matar.
A reserva de esperar la versión final
del documento del ombudsman nacional, la información difundida
permite concluir con claridad que en los trágicos acontecimientos,
integrantes del gobierno que encabeza Ángel Aguirre incurrieron en
responsabilidades de tipo penal que deben ser sancionadas conforme a
derecho. Por desgracia, la violencia criminal ejercida contra los
manifestantes ha sido complementada con un manejo impresentable de
los hechos por parte de la administración estatal, que ha
obstaculizado la acción de la justicia y ha mermado las perspectivas
de esclarecimiento: desde un principio las autoridades estatales se
negaron a reconocer la responsabilidad de los disparos –pese a la
evidencia gráfica que muestra a presuntos policías estatales
vestidos de civil disparando contra los manifestantes–; buscaron
desvirtuar los hechos mediante la siembra de una arma a uno de los
estudiantes –el cual, según el informe de la CNDH, fue torturado–,
y señalaron a efectivos de la Policía Federal (PF) como autores de
los disparos contra los manifestantes.
En días recientes, por añadidura, el
ex procurador de justicia de la entidad Alberto López Rosas ha
intentado desvirtuar el expediente de la CNDH y ha acusado al
organismo de proteger al personal de la PF. Ahora, sin embargo, a la
luz de la evidencia disponible, lo procedente sería que ese y otros
funcionarios y ex funcionarios del gobierno estatal enfrenten las
acciones judiciales a que dé lugar el atropello cometido contra los
normalistas de Ayotzinapa. Por su parte, el titular del Ejecutivo
estatal tendría que asumir cuando menos una responsabilidad de tipo
político por el turbio accionar de su administración durante el
episodio.
Ahora bien, aunque la investigación de
la CNDH se encamine a determinar que los disparos provinieron de los
agentes ministeriales, ello no exime a la Policía Federal de
responsabilidad en estos hechos: al fin de cuentas, esa corporación
tiene, entre otras funciones, la de vigilar el tramo carretero en que
ocurrió la referida tragedia; en consecuencia, si sus efectivos no
realizaron los disparos que privaron de la vida a los dos estudiantes
e hirieron a varios más, cabe atribuirles, al menos, responsabilidad
por omisión, pues habrían debido evitar las agresiones letales
contra los manifestantes.
El documento de la CNDH podrá ayudar a
esclarecer y deslindar responsabilidades sobre quién disparó contra
los estudiantes, pero el hecho de que esas muertes hayan tenido lugar
en el contexto de una protesta estudiantil arroja luz a una
circunstancia más de fondo y preocupante: la persistencia en la
criminalización de las inconformidades sociales que aumentan en el
territorio nacional, lo cual, aunado a la indolencia de las
autoridades de todos los niveles para atender demandas de sectores
inconformes, configura una mezcla explosiva y, como puede verse,
incluso mortal.
En lo inmediato, cabe demandar que los
resultados de la investigación realizada por la CNDH, una vez
presentados en su versión final o incluso antes, tengan eco en las
instancias de procuración e impartición de justicia
correspondientes, para que se sancione a los responsables y se repare
el daño a las familias de las víctimas. Pero desde una perspectiva
más general, situaciones como la ocurrida en la Autopista del Sol el
pasado 12 de diciembre podrán repetirse en la medida en que los
gobiernos de los distintos niveles sigan incumpliendo con dos
responsabilidades elementales: atender y dar cauce a las demandas de
la población y preservar –en todo momento, pero particularmente en
circunstancias como la referida– la vida y la integridad de las
personas.
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