FUENTE: http://www.jornada.unam.mx/2011/10/20/index.php?section=opinion&article=022a2pol&partner=rss
Octavio
Rodríguez Araujo
Aclaremos
ciertas confusiones: La era de las transiciones democráticas en
América Latina y en México en particular surgió no sólo contra
gobiernos autoritarios y dictaduras, sino en contra del
intervencionismo estatal en la economía. Dicha transición se vio
acompañada por la adopción política de la economía de mercado
como modelo económico único e indiscutible.
En
México comenzó a debatirse la necesidad de terminar con el
presidencialismo autoritario, democratizar el sistema político y
establecer canales para "el arribo de la pluralidad social al
orden institucional".
Estos
fines (o tal vez medios) “fueron presentados insistentemente como
un componente lógico y obligado del cambio económico…”, como
bien señalaran Rolando Cordera y Camilo Flores Ángeles en reciente
ensayo publicado en México: ¿un nuevo régimen político? (Siglo
XXI, 2009).
Estos
autores sugieren, también con razón, que el reclamo democrático de
los sectores populares fue de alguna manera expropiado, sobre todo a
partir de 1982, por "grupos empresariales y organizaciones
cívicas y religiosas" que pugnaban, desde muchos años antes,
por "corregir a fondo el régimen del presidencialismo
autoritario heredado de la Revolución Mexicana". La razón de
fondo de la oposición de empresarios y clero al autoritarismo
gubernamental no era el autoritarismo como tal, pues tanto los
empresarios como la Iglesia católica son muy autoritarios, sino el
intervencionismo estatal en la economía, la regulación del capital
y ciertas políticas de corte populista que prevalecían en el
antiguo régimen.
El
gran problema es que esa corrección se dio –vuelvo a citar a
Cordera y a Flores– "en código neoliberal y en consonancia
con el Consenso de Washington", muy al gusto –añado– de los
empresarios y de la Iglesia, sobre todo con las reformas de Salinas a
la Constitución. Se logró instalar un nuevo régimen político, que
yo llamo tecnocrático-neoliberal, y que es menos autoritario en la
forma que el anterior, al grado que permitió –por primera vez en
décadas– la alternancia política en el gobierno y un Congreso
plural y no dominado del todo por el partido del Presidente, como
ocurría antes, pero…
México,
a partir de mediados de los ochenta, inició una ruta más
democrática, sí, pero con menor crecimiento económico, más
desempleo y muchísima más pobreza. Los gobiernos de la "transición
y la alternancia" no tuvieron ni tienen la voluntad política de
regular los mercados, sino al revés: se han subordinado a éstos
provocando el descarrilamiento del país como nación soberana y en
crecimiento. La "transición" terminó siendo un fracaso,
tan grande que dos presidentes (De la Madrid y Fox) se vieron
obligados a intervenir para evitar que los candidatos que hubieran
cambiado el rumbo del país llegaran a la jefatura del Ejecutivo
federal.
El
presidencialismo mexicano tradicional se basaba en el control que
ejercía el jefe del Ejecutivo sobre los tribunales y los
legisladores por la vía del predominio del PRI. Una vez que se
instaló en el país el pluripartidismo, con partidos realmente
competitivos, el control del Ejecutivo sobre el Judicial y el
Legislativo disminuyó considerablemente, aunque no del todo gracias
a la cooptación y a los arreglos bajo la mesa que suelen darse en
esos niveles de la política y del poder. Sin embargo, con un
Congreso sin mayoría calificada del partido gobernante, se corría
el riesgo, como de hecho ocurrió a finales de 2003 y en otros
momentos de rispidez entre ambas instancias, de una crisis política
que bien podría convertirse en una crisis interna de poder. Fue
entonces cuando Diego Valadés publicó su muy sugerente libro El
gobierno de gabinete, ahora recuperado como propuesta implícita por
algunos intelectuales y políticos que nos han planteado, como
"hipótesis de trabajo" (Cordera), una coalición de
gobierno y lo que ellos llaman "democracia constitucional".
En este libro Valadés señala que cuando la jefatura del Estado y la
del gobierno descansan en la misma persona hay tendencias a un
presidencialismo autoritario o de plano es autoritario. Y añade que
"hay constitucionalismo cuando una pluralidad de agentes y
órganos políticos participan en las decisiones del poder; [y] hay
autocracia cuando esas decisiones están concentradas en una persona
o en un solo órgano colegiado". ¿Será esto lo que debemos
entender en la propuesta de una "democracia constitucional"?
¿Una suerte de semiparlamentarismo o de tendencia al parlamentarismo
como propone Rolando Cordera en su artículo pasado?
La
tesis de Valadés es un gobierno de gabinete, en el que éste sea
plural y un espacio para la conciliación y la cooperación entre
partidos políticos y, además, un jefe de gabinete ratificado por la
Cámara de Senadores sin que ello le reste al Presidente la
prerrogativa de designarlo, algo así como se da el nombramiento del
procurador general de la República, de los embajadores, los jefes
superiores de Ejército, Armada y Fuerza Aérea nacionales y otros
(artículos 76 y 89 de la Constitución).
Y
en este debate ¿dónde entra el problema de la regulación estatal
de los mercados y de la defensa de la soberanía nacional, el Estado
de bienestar? ¿En dónde se discute la orientación del gobierno por
cuanto a la pobreza, la desigualdad social, el crecimiento económico
y su distribución? Cordera y Flores nos mostraron que los cambios
políticos y las correcciones al presidencialismo autoritario se
dieron, como he citado, "en código neoliberal y en consonancia
con el Consenso de Washington". Esto puede continuar pues los
partidos grandes (y algunos pequeños), así como están ahora, no
son contrarios en los hechos a esta ruta. Tampoco los tres
precandidatos presidenciales que firmaron el documento "Por una
democracia constitucional". Y si esto es cierto, dará igual que
el gabinete sea plural y producto de una coalición, que el Congreso
tenga, en un jefe de gabinete ratificado por el Senado, un puente
entre ambos poderes. El régimen político, en su patrón jurídico y
formal, podrá cambiar, y hasta podríamos tener no un
presidencialismo de transición, sino democrático (Valadés), pero
su orientación, la del régimen político y económico, sólo podrá
modificarse si logramos que el próximo presidente quiera hacerlo.
La
propuesta, por lo demás, tiene una debilidad que cuestiona la
democracia formal que hemos ganado: que el jefe de gobierno, llámese
jefe de gabinete o como sea, no será producto del voto popular, sino
de negociaciones entre el presidente de la República y las
camarillas partidarias en el Congreso. ¿Será esto más democrático
que la elección del jefe del Ejecutivo (jefe de Estado y de gobierno
a la vez) por el voto popular? Si estas camarillas no se ponen de
acuerdo para designar a los tres consejeros que le faltan al IFE…
Lo
que está en juego en 2012, lo he dicho muchas veces, es un cambio de
régimen político (y económico) más allá de lo jurídico-político
como sería el parlamentarismo o un gobierno de coalición o de
gabinete.
Justamente
por esto es que apoyo a López Obrador. La disyuntiva no la veo, como
quieren algunos, entre parlamentarismo y un "gobierno eficaz"
(como le llaman al proyecto de Peña Nieto), sino entre más de lo
mismo, independientemente del arreglo político y formal del Estado,
o un cambio de rumbo para el país en su conjunto.
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