Octavio
Rodríguez Araujo
Carlos
Fernández-Vega, como siempre, nos recuerda diariamente cómo está
la economía de México, en este caso a partir de los gobiernos
neoliberales (véase su columna del 25/10/11 en La Jornada).
Establece, con acierto, una línea de continuidad entre Felipe
Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en relación con las
privatizaciones. Esta línea, la misma y sin desviaciones de fondo,
se dio con Salinas, Zedillo y Fox. Es nuestra obligación, como
mexicanos, no perderla de vista, pues en esto consiste la pugna por
la Presidencia de la República hacia 2012. Lo que está en juego es
el manejo de la economía del país: en manos privadas para las
cuales el Estado sólo está de adorno y para proteger sus intereses;
o en manos de la nación y de su pueblo, para las cuales el Estado
debe recuperar su papel regulador, distribuir la riqueza y garantizar
nuestra soberanía.
Fernández-Vega
nos ha recordado, en apretada síntesis, la transferencia de la
infraestructura industrial del Estado a la iniciativa privada:
"siderúrgicas, cementeras, químicas, petroquímicas,
aerolíneas, mineras, aeropuertos, puertos, fertilizantes, textiles,
comercializadoras, bancos, aseguradoras, afianzadoras, hoteles,
ingenios azucareros, carreteras, inmobiliarias, una gruesa rebanada
de la generación eléctrica, gas, constructoras, fábricas de
bicicletas y de ropa popular, empresas de alimentos, armadoras
automotrices, embotelladoras, astilleros, telefónicas, televisoras,
almacenes, instalaciones pesqueras, satélites, ferrocarriles,
transbordadores, imprentas, red nacional de fibra óptica, varias
áreas del sector petrolero y lo que se quede en el tintero, que no
es poco." Falta Petróleos Mexicanos, la empresa pública más
codiciada por empresarios nacionales y extranjeros.
Todos
los gobiernos neoliberales la han ofrecido al capital, y Peña Nieto,
quien hasta ahora cree que ganará, ya lo dijo: abrir la explotación
y refinación a la iniciativa privada, aunque no supo exponer los
"cómos". Éstos, por cierto, no importan, ya se le
ocurrirán si lo dejamos gobernar el país.
Si
somos rigurosos el servicio de Pemex a la iniciativa privada, incluso
trasnacional, ya se ha hecho desde los tiempos de Echeverría si no
es que desde antes. Han pasado más de 40 años de subsidios
petroleros al capital, en principio por la vía de precios: el
control de Pemex se ha dado, por ejemplo, en la petroquímica básica,
la que tiene menor valor agregado en el rubro, pero no a la
secundaria, la de mayor valor agregado (y más ganancias) y que ha
estado en manos de empresas privadas, nacionales y extranjeras.
Lo
ha dicho muy bien Guillermo Ortiz Martínez: "el valor agregado
del petróleo es menor a 10 por ciento de la economía" (La
Jornada, ídem), y esto es así porque desde hace unos 40 años la
petroquímica secundaria ha sido dejada a la industria privada y,
además, subsidiada por la vía de los precios de los insumos
producidos por Pemex en lo que se conoce como petroquímica primaria.
(Sólo como recordatorio: la petroquímica primaria procesa los
derivados del petróleo y del gas natural, y la petroquímica
secundaria es la que transforma productos básicos e intermedios en
productos elaborados tales como fibras sintéticas, materias
plásticas y elastómeros, fertilizantes, pinturas, solventes,
polímeros, como el PVC, detergentes, y muchos productos más
conocidos como derivados del petróleo.)
Pero
una cosa es el subsidio, que se puede suspender si así lo desea el
gobierno, y otra dejar al capital que controle la empresa. Al
"pastel" Pemex se le han quitado ya varias rebanadas, unas
delgadas y otras gruesas, pero los empresarios lo quieren completo.
Calderón,
aunque lo ofreció, como también sus antecesores cercanos, no lo ha
logrado; Peña Nieto lo ha vuelto a ofrecer con desplantes, dijo, de
audacia. No es audacia, señor Peña, es entrega; la entrega de un
bien de la nación considerado estratégico y que genera, según el
mismo Ortiz Martínez, 35 por ciento de los ingresos fiscales.
Si
estos ingresos dejan de percibirse habrá que obtenerlos de otro lado
y no veo a un gobierno de corte neoliberal, sea del PRI, del PAN o
del chuchismo del PRD, subiendo progresivamente los impuestos al
capital. Hablan de acrecentar la productividad, de generar empleo, de
aumentar el consumo interno, etcétera, y todo esto con base en la
activación de las inversiones privadas.
Justamente
esto es lo que se ha hecho y el resultado ya lo conocemos: mayor
desempleo, pérdida del valor adquisitivo del salario, crecimiento
económico casi nulo y, ¡sólo faltaba!, mayor enriquecimiento de
unos cuantos, cada vez menos, pero cada vez más ricos, tanto que
pueden perder miles de millones de dólares y siguen tan campantes.
Que
quede claro que no estoy diciendo que las empresas en manos del
Estado son mejores, necesariamente, que si estuvieran en manos
privadas. Si una empresa estatal se administra como si fuera privada
y no al servicio de la población más necesitada, el resultado no
cambia. Ahí está la Comisión Federal de Electricidad como un
ejemplo. El mismo Ortiz multicitado ya lo dijo: "el precio del
servicio es mucho más alto del que se paga en Estados Unidos".
Y así es, porque el gobierno, expresión concreta del Estado, es el
que orienta a las empresas estatales: éstas no se mandan solas. Y el
gobierno ha resuelto que los costos del servicio lo paguen los
consumidores por igual, sean ricos o sean pobres, en lugar de
establecer sus precios verdaderamente diferenciados en favor de los
más.
Lo
que se requiere es un gobierno con sensibilidad popular que regule al
capital y los mercados para beneficio de la nación (de sus riquezas
y de su población) y no para quienes ya son privilegiados o lo serán
por su cercanía al gobernante.
Generar
riqueza, sí, pero también distribuirla, incluso por razones
prácticas: entre más capacidad de consumo tengan los mexicanos
menos dependerá el país del extranjero. No se necesita ser
especialista para saber que la producción sin consumo no reactiva la
economía. Hasta los narcotraficantes lo saben.
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