Segunda parte:
Tercera parte:
Nota de la Jornada:
Documenta la
CNDH violaciones graves a las garantías de los estudiantes de
Ayotzinapa
Policías federales y de Guerrero
dispararon contra los normalistas
Asesinaron a dos, lesionaron de bala a
cuatro, fabricaron delitos y torturaron a detenidos, acusa
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Martes 10 de enero de 2012, p. 5
La Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) documentó violaciones graves a las garantías
constitucionales de estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa,
entre ellas dos ejecuciones extrajudiciales, el intento de fabricar
delitos, actos de tortura policiaca, tratos inhumanos y degradantes
en contra de los detenidos y abuso de autoridad.
De acuerdo con un informe preliminar
hecho público este lunes por el ombudsman nacional, Raúl
Plascencia, en la agresión a estudiantes normalistas –el pasado 12
de diciembre en Chilpancingo, Guerrero– la Policía Federal (PF)
hizo los primeros disparos al aire para dispersar a los jóvenes.
Minutos después, junto con varias
decenas de policías ministeriales de esa entidad, los agentes
policiacos federales y locales dispararon contra los jóvenes de
manera indiscriminada.
No hubo eficiencia
Al dar lectura al informe, Plascencia
indicó: "Los servidores públicos que participaron en los
hechos, y los responsables de su coordinación, omitieron actuar con
eficiencia en el desempeño de su cargo y cumplir con diligencia el
servicio de seguridad pública que les fue encomendado; al propiciar
un enfrentamiento en la vía pública pusieron en peligro vidas
humanas y generaron la muerte de dos manifestantes y heridas por
proyectil de arma de fuego en cuatro más".
El ombudsman aseguró que hay evidencia
contundente que indica que la PF y agentes policiacos de Guerrero
vulneraron diversas garantías constitucionales durante el violento
desalojo ocurrido el 12 de diciembre.
"Se observaron violaciones graves
a derechos a la vida, a la seguridad e integridad personal, a la
libertad, al trato digno, a la seguridad jurídica y a la legalidad
atribuibles a personal de la Secretaría de Seguridad Pública
federal y del gobierno del estado de Guerrero, derivadas de los
acontecimientos tanto a cargo de aquellos que intervinieron
directamente, como de quienes ordenaron o toleraron dichas acciones u
omisiones." Plascencia indicó que no se ha podido determinar
qué corporación de seguridad fue la primera en detonar las armas de
fuego: los agentes federales o los ministeriales.
Además, informó que hasta ahora la
CNDH no ha podido determinar cuáles fueron las balas que mataron a
los dos estudiantes e hirieron a otros cuatro, pues las ojivas no han
sido encontradas porque atravesaron los cuerpos. Sin embargo, expuso:
"Por la trayectoria de los disparos, muy probablemente de
poniente a oriente, (se deduce que) es ahí donde estaban los
servidores públicos de Guerrero, de la policía ministerial y la
federal".
Agregó que según la indagatoria, en
el lugar hubo 165 elementos policiacos desplegados, 67 de los cuales
portaban armas de fuego. Tras el enfrentamiento entre normalistas y
policías, 24 personas fueron detenidas.
A decir del ombudsman nacional, estas
detenciones fueron arbitrarias y hasta ahora ha quedado demostrado
que 14 de los arrestados fueron sometidos a un trato indigno y uno de
ellos a torturas. Plascencia refirió que los agentes que
participaron en el desalojo violento omitieron brindar atención a
los heridos por arma de fuego.
En los próximos días la CNDH
presentará su informe a la Procuraduría General de la República
(PGR) para que la autoridad ministerial realice su propia indagatoria
y sancione penalmente a los presuntos responsables de estas
violaciones a derechos humanos y garantías constitucionales.
Añadió que “el empleo de la
violencia y la afectación a derechos de terceros por particulares, o
pretender hacerse justicia por propia mano, no son los medios
adecuados para exigir a las autoridades la resolución de los asuntos
o la adopción de medidas públicas a favor de persona alguna.
"Sin embargo, el uso indebido de
las armas de fuego no encuentra justificación en los hechos materia
de la investigación a cargo de las autoridades encargadas de cumplir
y hacer cumplir la ley", puntualizó en su informe la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos.
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