Acteal: impunidad y perspectivas de esclarecimiento
http://www.jornada.unam.mx/2011/12/30/edito
A 14 años de la masacre
de Acteal, municipio de Chenalhó, donde un grupo paramilitar afín al
Partido Revolucionario Institucional asesinó a 45 indígenas tzotziles
integrantes de la asociación civil Las Abejas –mayoritariamente mujeres y
niños–, el saldo más visible y a la vez el más ominoso de ese hecho es
la persistente impunidad y la falta de justicia para las víctimas y sus
deudos.
Hasta la fecha, más de 120 inculpados han desfilado ante la justicia,
pero no se ha incluido a ningún alto servidor público por la autoría
intelectual de ese crimen, ni se ha realizado el deslinde de
responsabilidades penales en que pudieron haber incurrido funcionarios
como el ex presidente Ernesto Zedillo, los ex titulares de la Secretaría
de Gobernación, Emilio Chuayffet, y de la Procuraduría General de la
República, Jorge Madrazo, y el ex gobernador de Chiapas Julio César Ruiz
Ferro, entre otros. Por lo referente a los autores materiales, hace dos
años se produjo un lamentable retroceso con la absolución y liberación,
por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de una
treintena de involucrados en la matanza, por supuestas irregularidades
procesales. Y el correlato de todo ello ha sido la persistencia de una
campaña, emprendida por membretes académicos y mediáticos cercanos al
poder político de entonces y de ahora, que busca inocular en la opinión
pública la versión de que la matanza de Acteal se debió a pugnas por
cuestiones religiosas y de límites territoriales entre grupos indígenas
de la región.Por fortuna, frente a estos empeños por apelar a la desmemoria y a la dislocación de la realidad persisten intentos por lograr el esclarecimiento de esos crímenes y por sancionar a sus autores intelectuales y materiales, que en años y meses recientes han alcanzado perspectivas de viabilidad. El más destacado es la demanda interpuesta en 2005 por Las Abejas y el Centro Fray Bartolomé de las Casas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que se señala
la responsabilidad internacional de los Estados Unidos Mexicanos por la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997, la cual fue admitida el año pasado por esa instancia continental a pesar de las presiones ejercidas por el gobierno mexicano.
La otra cara de la moneda está representada por una demanda
civil, interpuesta en un tribunal de distrito en el estado de
Connecticut, en contra del ex presidente Ernesto Zedillo, e impulsada a
instancias de un despacho de abogados en representación de familiares de
las víctimas de Acteal. Más allá de las críticas que ha suscitado esta
última denuncia –por el carácter anónimo de quienes la presentan, por el
hecho de que se circunscribe al ámbito civil y de que busca la
reparación económica del daño, y hasta por los supuestos intereses
políticos que pudieran estar detrás de ella–, es ineludible destacar dos
aspectos claves que se desprenden de ella: su condición de precedente
en el señalamiento de responsabilidades de ex mandatarios por crímenes
de guerra y de lesa humanidad, y que está sustentada en el informe
elaborado por la fiscalía especializada de Chiapas para la investigación
del caso Acteal, difundido en octubre pasado, en el que se asientan
responsabilidades penales del propio Ernesto Zedillo y varios de sus
colaboradores, incluidos los funcionarios mencionados. Se documenta que
el ex presidente tuvo información para impedir la matanza desde un año
antes y no lo hizo, y se presentan pruebas de que la masacre fue
resultado de una política de contrainsurgencia diseñada y puesta en
marcha por el gobierno zedillista, que incluía el uso de grupos
paramilitares.
Así pues, la aparición pública del referido informe tira por tierra la falsa hipótesis de la masacre como resultado de confrontaciones entre grupos indígenas.
En un escenario en que las esperanzas de esclarecimiento y justicia para Acteal parecen circunscritas al recurso de los instrumentos de justicia internacional –sobre todo a raíz del citada exculpación por la SCJN–, los procesos en la CIDH y, en menor medida, en el tribunal de Connecticut, podrían ser un primer paso para esclarecer la matanza de hace 14 años y lograr sanciones conforme a derecho para sus responsables intelectuales y materiales. El Estado mexicano tendría que comprender que cada día que pasa sin verdadera justicia para las víctimas de Acteal es una prórroga que derrumba los presuntos afanes legalistas del grupo en el poder y su supuesto compromiso con el estado de derecho.
Así pues, la aparición pública del referido informe tira por tierra la falsa hipótesis de la masacre como resultado de confrontaciones entre grupos indígenas.
En un escenario en que las esperanzas de esclarecimiento y justicia para Acteal parecen circunscritas al recurso de los instrumentos de justicia internacional –sobre todo a raíz del citada exculpación por la SCJN–, los procesos en la CIDH y, en menor medida, en el tribunal de Connecticut, podrían ser un primer paso para esclarecer la matanza de hace 14 años y lograr sanciones conforme a derecho para sus responsables intelectuales y materiales. El Estado mexicano tendría que comprender que cada día que pasa sin verdadera justicia para las víctimas de Acteal es una prórroga que derrumba los presuntos afanes legalistas del grupo en el poder y su supuesto compromiso con el estado de derecho.
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