CRIMEN EN CONTRA DE LA COMPAÑERA FLOR ALICIA CÓMEZ LÓPEZhttp://comunidadnormalsuperiormexico.blogspot.com/
Compañer@s:
Comunidad NORMAL SUPERIOR MÉXICO denuncia el crimen de la educadora Flor Alicia Gómez López, que había sido raptada, torturada y violada por un grupo de “hombres” armados y encapuchados.
La profesora de 23 años fue secuestrada el sábado 28 de noviembre cerca de las 3 de la tarde en el entronque de la carretera La Junta-San Juanito-Tomochic, Estado de Chihuahua. La maestra viajaba por carretera con tres miembros de la familia con la que se hospedaba en el pueblo de Tomochic donde trabajaba como educadora en un jardín de niños.
Cuatro sujetos armados les marcaron el alto y tras golpear a los acompañantes huyeron únicamente con la joven en el mismo vehículo.
Se piensa que el crimen fue realizado por uno de los grupos de guardias blancas de caciques y empresarios que actúan impunes y protegidas por los gobiernos federal panista y estatal priísta, ya que la maestra sacrificada era sobrina de Eduardo Gómez, de “El Barzón” y de Alma Gómez Caballero, protavoz de la organización “Justicia para Nuestras Hijas” y el “Centro de Derechos Humanos de la Mujer”, que luchan por el esclarecimiento de las muertas de Juarez.
Es el segundo crimen en menos de una semana que afecta a las organizaciones no gubernamentales de Chihuahua que defienden los derechos de la mujer y de la población pobre. Por ello hoy es más urgente exigir el esclarecimiento del asesinato de Flor Alicia Gómez López, el de los más de 500 feminicidios ocurridos en Juárez durante los últimos 16 años.
Al crimen de sobrina de Alma Gómez se suma el asesinato del yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” otra de las organizaciones que han denunciado el feminicidio en la entidad. Jesús Alfredo Portillo Santos, de 27 años, alumno de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue asesinado a balazos por dos sujetos cuando se encontraba en un establecimiento comercial.
Nuestra compañera asesinada Flor Alicia Gómez López, era activista de la organización “Justicia para Nuestras Hijas” y del “Centro de Derechos Humanos de la Mujer”, y “El Barzón” y por ello se había ganado el repudio de los caciques, empresarios y ultraderechistas que actúan en nombre de la “familia cristiana” explotando, violando y matando a los trabajadores.
La militarización del país para un supuesto combate a la inseguridad es una de las "prioridades políticas" de Felipe Calderón, desplegando más de 4 mil soldados y policías federales en las zonas más “conflictivas” del país, de los 45 mil soldados movilizados unos 8 mil patrullan Ciudad Juárez. Las Organizaciones defensoras de los derechos humanos insistentemente han señalado que los militares en la calle no son la solución, “ahora cualquier hombre armado puede asesinar a una mujer a la hora que quiera” refiriéndose a todos los cuerpos policíacos, paramilitares, etc."
El sector de maestras es uno de los grupos de más alto riesgo y más las maestras rurales que tiene que caminar por largo rato para llegar a sus comunidades a cumplir con su trabajo.
No debemos olvidar que la próxima semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá la sentencia por tres casos del Campo Algodonero, fallo por los casos de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, tres de las ocho víctimas de feminicidio encontradas en noviembre de 2001 en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua. "…existen todos los elementos para que el tribunal internacional emita una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por violaciones al derecho a la vida, a garantías judiciales y protección judicial, por transgredir derechos del niño y a la integridad personal, entre otros, señalo Michel Salas Ramírez, abogada del caso, aseveró en entrevista que el fallo contra el Estado mexicano sentará un precedente que obligaría a las autoridades a modificar la Constitución, reconocer públicamente que se violaron derechos humanos, reparar el daño a los deudos y prevenir más feminicidios en el país".
“Esperamos una sentencia condenatoria. La actual administración federal argumenta que se ha esforzado en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, al igual que gobiernos anteriores, no ha logrado solucionar estos crímenes ni castigar a los responsables, no ha reparado el daño ni sancionado a funcionarios implicados; tampoco cuenta con una política eficaz que prevenga y evite más feminicidios. El Estado mexicano sigue siendo responsable a escala internacional”, dijo la litigante".
Reiteramos el llamado a toda la comunidad para evitar la impunidad en el crimen.
La profesora de 23 años fue secuestrada el sábado 28 de noviembre cerca de las 3 de la tarde en el entronque de la carretera La Junta-San Juanito-Tomochic, Estado de Chihuahua. La maestra viajaba por carretera con tres miembros de la familia con la que se hospedaba en el pueblo de Tomochic donde trabajaba como educadora en un jardín de niños.
Cuatro sujetos armados les marcaron el alto y tras golpear a los acompañantes huyeron únicamente con la joven en el mismo vehículo.
Se piensa que el crimen fue realizado por uno de los grupos de guardias blancas de caciques y empresarios que actúan impunes y protegidas por los gobiernos federal panista y estatal priísta, ya que la maestra sacrificada era sobrina de Eduardo Gómez, de “El Barzón” y de Alma Gómez Caballero, protavoz de la organización “Justicia para Nuestras Hijas” y el “Centro de Derechos Humanos de la Mujer”, que luchan por el esclarecimiento de las muertas de Juarez.
Es el segundo crimen en menos de una semana que afecta a las organizaciones no gubernamentales de Chihuahua que defienden los derechos de la mujer y de la población pobre. Por ello hoy es más urgente exigir el esclarecimiento del asesinato de Flor Alicia Gómez López, el de los más de 500 feminicidios ocurridos en Juárez durante los últimos 16 años.
Al crimen de sobrina de Alma Gómez se suma el asesinato del yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de “Nuestras Hijas de Regreso a Casa” otra de las organizaciones que han denunciado el feminicidio en la entidad. Jesús Alfredo Portillo Santos, de 27 años, alumno de la carrera de Diseño Gráfico de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) fue asesinado a balazos por dos sujetos cuando se encontraba en un establecimiento comercial.
Nuestra compañera asesinada Flor Alicia Gómez López, era activista de la organización “Justicia para Nuestras Hijas” y del “Centro de Derechos Humanos de la Mujer”, y “El Barzón” y por ello se había ganado el repudio de los caciques, empresarios y ultraderechistas que actúan en nombre de la “familia cristiana” explotando, violando y matando a los trabajadores.
La militarización del país para un supuesto combate a la inseguridad es una de las "prioridades políticas" de Felipe Calderón, desplegando más de 4 mil soldados y policías federales en las zonas más “conflictivas” del país, de los 45 mil soldados movilizados unos 8 mil patrullan Ciudad Juárez. Las Organizaciones defensoras de los derechos humanos insistentemente han señalado que los militares en la calle no son la solución, “ahora cualquier hombre armado puede asesinar a una mujer a la hora que quiera” refiriéndose a todos los cuerpos policíacos, paramilitares, etc."
El sector de maestras es uno de los grupos de más alto riesgo y más las maestras rurales que tiene que caminar por largo rato para llegar a sus comunidades a cumplir con su trabajo.
No debemos olvidar que la próxima semana la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitirá la sentencia por tres casos del Campo Algodonero, fallo por los casos de Esmeralda Herrera, Claudia Ivette González y Laura Berenice Ramos, tres de las ocho víctimas de feminicidio encontradas en noviembre de 2001 en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez, Chihuahua. "…existen todos los elementos para que el tribunal internacional emita una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por violaciones al derecho a la vida, a garantías judiciales y protección judicial, por transgredir derechos del niño y a la integridad personal, entre otros, señalo Michel Salas Ramírez, abogada del caso, aseveró en entrevista que el fallo contra el Estado mexicano sentará un precedente que obligaría a las autoridades a modificar la Constitución, reconocer públicamente que se violaron derechos humanos, reparar el daño a los deudos y prevenir más feminicidios en el país".
“Esperamos una sentencia condenatoria. La actual administración federal argumenta que se ha esforzado en la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, al igual que gobiernos anteriores, no ha logrado solucionar estos crímenes ni castigar a los responsables, no ha reparado el daño ni sancionado a funcionarios implicados; tampoco cuenta con una política eficaz que prevenga y evite más feminicidios. El Estado mexicano sigue siendo responsable a escala internacional”, dijo la litigante".
Reiteramos el llamado a toda la comunidad para evitar la impunidad en el crimen.
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