A la comunidad del Posgrado en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Hermanos y hermanas:
Quiero comunicarles que ayer 30 de abril del 2014 fui despedido de la UACM por el abogado general Federico Anaya Gallardo, quien me consideró culpable de acoso sexual en contra de Clemencia Correa González y Carmen Rodríguez Sánchez, a pesar de que no existe una sola prueba de semejante ilícito.
Todo empezó cuando nuestra Academia decidió que el diplomado propedéutico para el ingreso a la Maestría fuera organizado en el semestre 2013-II por el conjunto de los profesores que trabajamos en el Postgrado. Esto desató la furia de Clemencia Correa, quien me acusó de quitarle su materia de trabajo, como si los programas académicos fueran de propiedad personal y como si yo fuese un poderoso funcionario de la Universidad. A partir de ahí, comenzó a formar un gang asediador, para tratar de destruir mi familia, mi reputación como defensor de los derechos humanos y mi relación de trabajo con la UACM, imputándome acoso y hostigamiento sexual así como acoso laboral. Reclutó a Carmen Rodríguez, quien se prestó a declarar que en tres ocasiones traté de forzarla a besarme, estando en el interior de mi cubículo (a dos metros de donde se encuentra Gaby González, como todos ustedes saben). Ambas se entrevistaron con alumnas y alumnos de anteriores generaciones de la Maestría, tratando de ampliar el gang, cosa que no consiguieron. Pero también acudieron a la plana mayor de las autoridades de esta Universidad, quienes desde el primer momento se pronunciaron en mi contra, incluyendo a Enrique Dussel y al C. Anaya Gallardo.
Se instauró un procedimiento interno en la Universidad, que duró alrededor de diez meses (el tiempo necesario para que no pudiera registrar mi candidatura a la rectoría), durante el cual el abogado general se pronunció reiteradamente en favor de la parte imputadora. Fui sancionado con tres meses de suspensión por la Coordinadora Académica, sin derecho de audiencia, y después se me excluyó de las actividades relacionadas con la reforma al Plan de Estudios de la Carrera de Derecho, cuya versión actual elaboré junto con especialistas muy reconocidos y militantes del ejercicio alternativo del Derecho.
Después se instauró un proceso laboral, donde de nuevo se mostró la parcialidad. De más de 30 pruebas que ofrecí, entre ellas un dictamen psiquiátrico para que se determine si yo tengo el perfil de un acosador sexual y las acusadoras el de víctimas, el C. Anaya Gallardo admitió sólo cuatro: tres testimonio (de Gaby González, Carlos Fazio y Pilar Calveiro) y un reporte de la Dirección de Obras acerca de las características del establecimiento del Postgrado en Derechos Humanos (en especial de mi cubículo, donde dicen las acusadoras que ocurrieron los hechos). Con esas cuatro pruebas, quedó plenamente demostrada la falsedad de las imputaciones. La representante legal de Correa y Rodríguez y el C. Anaya Gallardo, intentaron desesperadamente que mis testigos cayeran en contradicciones y entraran en confusión, pero fracasaron. A Carlos Fazio lo repreguntaron por más de 12 horas. En cambio, impidieron que declararan Eduardo Correa y Rubén García. A sus testigos de oídas, no pudimos repreguntarles.
El abogado general contrató un grupo de tres “expertas” propuestas por las acusadoras. Éstas hicieron cuatro entrevistas (con las denunciantes, con Fazio y conmigo) y con esa base determinaron mi culpabilidad. Una de ellas, de nombre Patricia Valladares, se burló de mí en algún momento de la sesión. La Universidad pagó más de 23 mil pesos a cada una por su dictamen. Es la base de la resolución del C. Anaya Gallardo, quien para formar un grupo a modo, rechazó la participación del obispo Raúl Vera y de Consuelo Mejía, de “Católicas por el Derecho a Decidir”.
La resolución rescisoria de mi relación laboral se basa en la declaración de las acusadoras y en el “hecho constatado” por el C. Anaya Gallardo de que el clima del Postgrado en Derechos Humanos favorece la discriminación de las mujeres. Esta mentira intenta fundarla en dos breves textos de la doctora Francesca Gargallo, que no se refieren concretamente al caso ni mencionan nombre alguno.
Acudiré a todas las instancias legales para impedir que me excluyan de la UACM y pido sus testimonios escritos para publicar un libro sobre el caso. Defender el Postgrado en Derechos Humanos es una causa plenamente justa, pues ha sido útil a su entorno y a la lucha por la vigencia real de esos Derechos. Donde nos encontremos, estoy seguro de que seguiremos en busca de la Verdad y la Justicia.
Los llamo a no desistir y a no permitir que la agresión acabe con este histórico proyecto académico. Ya golpearon la licenciatura en Derecho agrediendo los derechos de mi esposa Adriana Terán y ahora van sobre el Postgrado; no debemos permitirles que triunfen en sus antiuniversitarios propósitos.
Reciban mi abrazo más cariñoso y la seguridad de mi permanencia en la lucha al lado de los más sencillos y humildes de este mundo. Nunca como hoy es aplicable la frase que identifica a nuestra Universidad: “Nada (de la miseria del ser) humano me es ajeno”.
Con profundo respeto.
México, D.F. a 2 de mayo del 2014.
José Enrique González Ruiz.
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