Es importante. Si el PRI regresa es PAN con lo mismo. Infórmate quienes han aprobado este 13 de diciembre del 2011 la Ley que Privatiza a México (Ley APP) fueron el PRI y el PAN
PRIMERA, CÓMO EN OCTUBRE DEL 2010 SENADORES APROBARON LA LEY APP:
Era el proyecto más desmantelador del sector público, asegura
Francisco Labastida
Aprueban Ley de
Asociaciones Público Privadas; se subasta el futuro: Monreal
Servicios y obras
responsabilidad del Estado se entregan a consorcios nacionales y
extranjeros
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 13 de octubre
de 2010, p. 31
El Senado de la República
aprobó ayer la Ley de Asociaciones Público-Privadas, reforma
presidencial discutida durante un año en Xicoténcatl, la cual,
según advirtió en tribuna el petista Ricardo Monreal, subasta el
futuro del país, al entregar a consorcios nacionales y
trasnacionales todos los servicios y obras que son responsabilidad
del Estado.
Con excepción de la
industria petrolera, los demás sectores, incluida la electricidad,
se privatizan, ya que los capitales particulares podrán participar,
financiados además con recursos públicos en la construcción de
carreteras, escuelas, hospitales, cárceles, e incluso
administrarlos, con contratos hasta por 40 años.
En entrevista, el senador
del PRI Francisco Labastida Ochoa sostuvo que la reforma de Calderón
fue modificada a fondo en 80 por ciento, ya que tal como venía era
el proyecto más desmantelador del sector público que, dijo, ha
conocido en 48 años de laborar en la administración pública
federal. Sin embargo, confió en que en San Lázaro se lleven a cabo
otros cambios para cerrar la posibilidad de asignaciones sospechosas
que beneficien a grupos de amigos.
La reforma, que en dos
ocasiones fue frenada por el PRD y PT –la primera el 29 de abril
pasado, cuando sólo se aprobó en lo general, y el pasado jueves
quedó también pendiente cuando los perredistas rompieron el
quórum–, ayer quedó aprobada con 85 votos a favor y ocho en
contra y pasó a la Cámara de Diputados, donde continuará el
proceso legislativo.
Ya no hubo debate.
Monreal intentó reabrirlo, al demandar que se votaran los artículos
que él reservó y que su bancada retiró en la sesión del jueves, a
la que él no asistió, ya que se encontraba en Ginebra, en una
reunión de la Unión Interparlamentaria Mundial. No tuvo éxito.
El coordinador petista
insistió: Se trata de la ley más agresiva sobre privatización de
la que tengamos memoria. Escatima la responsabilidad del Estado
mexicano como rector del desarrollo, ya que pasará a ser un mero
gestor y administrador de contratos para el sector privado.
Monreal advirtió que la
ley es una camisa de fuerzas para futuras administraciones, ya que
tendrán que priorizar las obligaciones contraídas por gobiernos
anteriores.
Además, la Ley de
Asociaciones Público-Privadas subasta el futuro del país, toda vez
que las obligaciones económicas asumidas por el Estado no serán
contabilizadas como deuda, sino como gasto corriente, evadiendo el
control del Congreso..
Si ya de por sí la
corrupción avasalla las licitaciones públicas, ¡imaginen lo que
sucederá si se deja el otorgamiento de contratos de forma
discrecional!
Hubo cambios en 32
artículos y se agregaron dos para evitar que empresas privadas
nacionales y extranjeras se apoderaran de la infraestructura ya
existente, según contó Labastida. Las asociaciones público
privadas, dijo, son sólo para obra nueva.
El priísta explicó que
eliminaron la posibilidad de que el Estado contrate obras o servicios
con fideicomisos, la opacidad en la asignación de contratos; que en
el caso de expropiación de tierras se respeten las disposiciones de
la Ley Agraria, para garantizar el derecho de audiencia del dueño
original, y que los terrenos no puedan usarse mientras no se haya
cubierto su costo a los afectados.
Sin embargo, el senador
del PRI reconoció que falta incluir en la ley la prohibición
expresa de garantizar rendimientos o ganancias a las empresas
contratistas.
Además, se deben
modificar leyes secundarias, a fin de establecer que la iniciativa
privada no podrá participar bajo esa modalidad, en actividades como
la seguridad pública, donde se requiere secreto para que la
información no pueda filtrarse y beneficiar al crimen organizado.
SEGUNDA: CÓMO ESTE 13 DE DICIEMBRE DEL 2011, DIPUTADOS DEL PRI Y PAN APROBARON LA LEY APP QUE PRIVATIZA HASTA LAS OBRAS A FUTURO, BASÁNDOSE EN ENDEUDAMIENTO DE TODOS NOSOTROS, LA "PROLE"
Diputados aprueban en San Lázaro la Ley de Asociaciones Público Privadas
Otorgarán a la IP
contratos de obras y servicios financiados con deuda pública
Las ganancias serán
privadas y los débitos se socializarán, advierte la petista Itzel
Castillo
Roberto Garduño y
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 14 de
diciembre de 2011, p. 12
Sin modificar una coma
del dictamen sobre la Ley de Asociaciones Público Privadas, la
Cámara de Diputados abrió el camino al intermediarismo en la
contratación de obras y servicios del gobierno federal con la
iniciativa privada: las ganancias se privatizarán y las deudas se
socializarán mediante la contratación de más deuda pública, como
ha ocurrido en materia de infraestructura de Petróleos Mexicanos y
la Comisión Federal de Electricidad.
Según el presidente de
la Comisión de Economía, el diputado priísta Ildefonso Guajardo,
la nueva ley posibilitará, mediante un solo instrumento, generar la
infraestructura que el país requiere y al mismo tiempo generar los
servicios que en un momento dado demanda la sociedad mexicana. Al dar
certidumbre jurídica, este instrumento nos permite ampliar el número
de oferentes del sector privado que pueden participar con certeza en
estos proyectos, a diferencia de hoy, donde la incertidumbre sólo
permite que los grandes jugadores, que hasta cierto punto tienen
poder e influencia, se metan.
Rechazó que el proceso
implique el llamado riesgo Pidiregas (proyectos de infraestructura
productiva de largo plazo): No hay nada más falso y lejano que eso.
Los Pidiregas son deuda pública y fueron un problema real que tuvo
que ser sancionado y autorizado ex post por una Cámara a la que no
le quedó otro remedio. En el caso de las asociaciones público
privadas es un instrumento mediante el cual queda claramente
establecido que esta soberanía tendrá facultades para autorizar los
proyectos y ninguno podrá iniciarse sin la autorización de esta
Cámara al sancionar el uso de recursos o activos públicos.
La polémica en el pleno
se alimentó con los argumentos expuestos por la diputada petista
Laura Itzel Castillo, quien destacó que el Estado quedaba como mero
administrador de contratos.
Esa condición se
consigna en la ley, donde indica que se trata de esquemas para
establecer una relación contractual de largo plazo entre instancias
de los sectores público y privado para la prestación de servicios
del sector público o al usuario final, en los que se utiliza
infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
Por tanto, abundó,
“estamos hablando de tres elementos básicos: estamos considerando
el largo plazo, la prestación de los servicios públicos y una
infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado.
Es decir, estamos entregando lo público a los privados
completamente.
Y yo preguntaría: ¿quién
paga en el largo plazo? Pues quien va a pagar va a ser el gobierno,
el pueblo, el Presupuesto de Egresos de la Federación o, en su caso,
el usuario final. ¿Y quién va a garantizar este pago a largo plazo?
Pues el gobierno, el pueblo. Por tanto, estamos hablando de deuda, no
se quiera engañar acerca de que no existe deuda; es una deuda.
Así, la deuda se
disfrazaría como gasto corriente, porque sólo la Cámara de
Diputados está facultada para autorizar el endeudamiento público,
de acuerdo con el artículo 73 de la Constitución y, por tanto, se
puede sobrendeudar al gobierno sin que se registre en los balances
oficiales, sostuvo Castillo.
A su vez, Pablo Escudero
Morales, presidente de la Comisión de la Función Pública, fustigó
la visión de “los que creen que todo está bien, que todo es
obligación del Estado, que no necesitamos infraestructura, que los
servicios están bien prestados y bien recibidos; los que creen que
no necesitamos más trabajos, más empleos, y los que creemos
totalmente otra cosa.
Los que creemos que
tenemos que invertir en infraestructura, que tenemos que invertir
para crear más empleos, que tenemos que invitar a la iniciativa
privada a que comparta el riesgo con el Estado, a que decidan traer
su dinero, invertirlo en este país; a los que estamos seguros de que
requerimos mayores empleos y de que las cosas no van bien.
El perredista Vidal
Llerenas –proclive a sumarse a PRI y PAN– dijo que los ejemplos
de éxito de las asociaciones público privadas se manifiestan con
los resultados obtenidos en Brasil y Chile. A partir de entonces
(2001) Brasil, aproximadamente, ha podido invertir un billón de
dólares en infraestructura. Chile, años más tarde, hizo una
modificación similar que también logró atraer la inversión. Éste
es un país que ha dejado de crecer por décadas.
Creo que hoy estamos ante
la oportunidad de ofrecer al sector privado la oportunidad de que con
reglas claras y con la supervisión del Congreso se pueda invertir en
áreas que son estratégicas para el país, que pueden detonar
inversión y empleo.
TERCERA: EL SENADO RATIFICA GRACIAS AL PRI AL PAN Y PARTE DEL PRD LA LEY APP
TERCERA: EL SENADO RATIFICA GRACIAS AL PRI AL PAN Y PARTE DEL PRD LA LEY APP
El Senado aprobó
inversión privada en infraestructura y servicios públicos, asociada
al gobierno y bajo concesiones de hasta 40 años
Pese a la oposición de
los legisladores del PRD, Pablo Gómez, Tomás Torres y Yeidckol
Polevnsky para que no se aprobara la minuta de la nueva Ley de
Asociaciones Público-Privadas (APP), el pleno del Senado la avaló
en lo general y lo particular, con 65 votos a favor y 13 en contra.
La ley —aprobada la
víspera por la Cámara de Diputados con 13 cambios sobre la minuta
previamente tramitada en el Senado como cámara de origen—, es, a
decir del dictamen, un instrumento jurídico que ayudará al Estado a
complementar la inversión pública con la privada en materia de
infraestructura. Con ello se podrán liberar recursos para atender
necesidades importantes en materia social.
Cuando sólo había
inscritos dos oradores (Polevnsky se sumó de último momento), Gómez
Álvarez sostuvo en tribuna que dicha ley “es un atraco al país,
una transgresión de la Constitución Política y un asalto al pueblo
de México”, porque dicho proyecto lo único que hará —dijo
reiteradamente— es legalizar la corrupción”.
Esto no es otra cosa que
un intento más por llevar a cabo una gigantesca privatización de
los servicios públicos y de la infraestructura del país, “es un
instrumento para legalizar la corrupción y hay quienes en forma
cínica dicen que si la corrupción no puede ser eliminada, hay que
unírsele para no ir a la cárcel”, dijo.
Ello, añadió, porque
“no se aplica la Ley de Obra Pública, no se aplica la Ley de
Adquisiciones, ni se respeta el artículo 134 de la Constitución,
por tanto, esta ley es anticonstitucional”, ya que entre otros
aspectos —precisó— no serán los servidores públicos, sino una
empresa privada la que lleve los procesos licitatorios. “Cuando los
haya, si es que se hacen, y entonces muy probablemente pudiera ser a
favor de la propia empresa que gane el proceso”, añadió.
Incluso, abundó el
perredista, siempre se podrá dar el 20 por ciento adicional a lo
contratado “y si el titular de la dependencia considera que hay que
darlo, y bajo su firma, se puede otorgar más dinero al empresario y
todo es legal, eh… ya no va a ser necesario robar”.
Al excederse de los cinco
minutos que le correspondían al legislador, el presidente de la Mesa
directiva, José González Morfín, pretendió indicar al senador
perredista, quien sin voltear a verlo respondió: “Dado que sólo
somos dos oradores, me voy a tomar unos minutos más….”, y
continuó su exposición.
González Morfin volvió
a interrumpir: “senador, lleva 16 minutos”. A lo que Pablo Gómez,
visiblemente molesto y con un tono de voz más elevado, dijo: “Le
pedí más tiempo, siempre lo tomo, hoy se lo pido. No me voy a
bajar, me reservo todos los artículos de esta ley y aquí nos
pasamos todo el día… Sé que molesta decir frente a la cara de
todos cuáles son las cosas que van a votar a favor, sé que molesta,
este es el problema de fondo, no cinco minutos, ¡no me venga con ese
cuento!”.
Por su parte, Yeidckol
Polevnsky dijo: “yo vengo del sector empresarial y defiendo mucho
al sector empresarial, pero en esta ocasión no puedo apoyar un
proyecto que me preocupa y mucho, porque habrá empresarios serios
que estén interesados en participar, pero podrían aparecer otros
por ocasión cuando un amigo o un familiar esté en el poder para
contratarles cualquier tipo de obra y desaparecen cuando lo hagan
esos funcionarios del poder”.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario