Aplicó
"en chiquito" la reforma a la Ley del Trabajo, dicen
abogados
Periódico
La Jornada
Miércoles
16 de noviembre de 2011, p. 17
Por
constituir un "atentado contra los derechos fundamentales de los
trabajadores", se promoverá un amparo procesal contra los
criterios emitidos por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Distrito Federal (JLCA) que modifican los procesos para
emplazamientos a huelga, registro de sindicatos, entrega de tomas de
nota, recuentos y otros procesos.
Además,
se presentará una denuncia para fincar juicios de responsabilidad a
los funcionarios de la junta que promovieron estos cambios, porque
"son ilegales", informaron en conferencia de prensa
abogados laboralistas de diversas corrientes, como Néstor de Buen,
Héctor Barba, Alfonso Bouzas, Arturo Alcalde, Benedicto Martínez,
Patricia Juan Pineda, Rodrigo Olvera y Beatriz Luján, entre muchos
otros.
De
igual forma –dijeron–, se presentará una queja ante la Comisión
de Derechos Humanos del Distrito Federal y otra ante instancias
internacionales, por estos hechos.
Lucha
legal y movilización
Acordaron
empezar una lucha legal y de movilización nacional y mundial contra
los "criterios" aplicados por esta junta, los cuales
–señalaron– "están peor que la reforma laboral",
porque restringen de facto los derechos de huelga, de libre
asociación y la creación de nuevos sindicatos.
Indicaron
que con dichos criterios de la JLCA, se pone al Gobierno del Distrito
Federal a la "derecha de la derecha" y le hace el favor a
Javier Lozano (secretario del Trabajo) de aplicar cambios legales
para restringir la libertad sindical, pasando por alto al
Legislativo, que es el único que puede modificar la normatividad
laboral.
Presente
en la conferencia, en la que se dieron a conocer estas acciones, el
secretario del Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal,
Benito Mirón, dijo que el jefe del Gobierno capitalino no conocía
estos cambios normativos. Desechó el cuestionamiento de que fueron
chamaqueados por el presidente de la JLCA y dijo que se revisarán
todos los planteamientos de los abogados, y que en lo que a él
respecta, "velará por la buena administración de la justicia
laboral".
Arturo
Alcalde indicó que al dictar normas que obstaculizan derechos
fundamentales, como el de huelga, hacen casi imposible el registro de
nuevos sindicatos o el cambio de titularidad contractual, entre
muchos otros, se está cumpliendo el viejo sueño de los abogados
empresariales, y cuestionó: ¿quién ordenó estos cambios, que son
un retroceso absoluto para los derechos de los trabajadores y
benefician en todo a la parte patronal?
Por
su parte, De Buen indicó que al establecer estos nuevos criterios,
la JLCA está restringiendo más la actuación de los sindicatos
democráticos, que se creen nuevos gremios legítimos, y alienta los
contratos de protección. Manuel Fuentes, presidente de la Asociación
Nacional de Abogados Democráticos, hizo ver que con dichas
disposiciones se violan diversos convenios internacionales, por lo
que planteó llevar el caso a la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal.
Héctor
Barba señaló una serie de inconsistencias y de"verdadero
desconocimiento" del derecho laboral que manifiesta la
presidencia de la JLCA al imponer requisitos, por ejemplo, para el
registro de sindicatos, que simplemente no están contemplados en la
ley, lo que hace sólo para dificultar o entorpecer estos procesos.
En
tanto, Humberto Fernández Arras cuestionó si el jefe de Gobierno
capitalino no conocía de estos cambios y por qué se permite al
presidente de la junta estar por encima de la ley, en lo que
coincidió Rodrigo Olvera.
Alfonso
Bouzas fue el encargado de dar a conocer las acciones legales que se
presentarán contra estas disposiciones de la junta, para establecer
nuevos "criterios legales", entre ellos el amparo procesal
que interpondrán diversos grupos de abogados. A su vez, Enrique
Favela, secretario de relaciones del sindicato de telefonistas,
planteó que el dirigente de este gremio, Francisco Hernández
Juárez, propone presentar un punto de acuerdo ante la Cámara de
Diputados para exhortar al gobierno del Distrito Federal a que se
derogue esta imposición de la JLCA.
Además,
las abogadas Patricia Juan Pineda y Beatriz Luján, del Frente
Auténtico del Trabajo, plantearon que se demande a los servidores
públicos que incentivaron estas acciones en la JLCA, ya que
contravinieron la Constitución en lo que se refiere a los derechos
de los trabajadores y de facto aplicaron"en chiquito" la
reforma laboral no aprobada.
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