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Las JCA, mafia de los derechos laborales
José Sobrevilla / Noticias del Empleosobrevill@yahoo.com.mx
Quienes hemos tenido que estar en los juzgados por demandas laborales, sabemos de las mafias que cobijan las Juntas Federales y/o Locales de Conciliación y Arbitraje, en las que, desde abogados, coyotes, hasta despachos "prestigiados" cuyo negocio es acumular demandas contra empresas, tienen contubernio con las JCA en un negocio redondo del que poco se habla.
Resulta paradójico e indignante leer en las oficinas de las JCA los enormes carteles pegados en sus paredes donde dice que "Todos los servicios son gratuitos", "Di no a la Corrupción" y el abogado lo primero que pide es "una lana" para untarle la mano al funcionario que lleva el caso "para que lo agilice"; o bien el pago de copias (de hasta 20 o 25 pesos cada hoja del expediente).
No obstante los sueldos que perciben los funcionarios de las JCA, los ingresos por corrupción, es secreto a voces, de que han generado verdaderas mafias y de las cuales las autoridades han sido omisas, o bien cómplices de las mismas. Algo así como la famosa "Fraternidad" en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, muy mencionada, pero siempre negada.
En agosto pasado, en uno de los últimos casos reconocidos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó la corrupción de Consuelo Vázquez Mendoza, actuaria adscrita a la Junta Especial Número 8 Bis y del licenciado José Manuel Aguilar Olvera, procurador auxiliar, a partir de la queja administrativa 496/2009, tramitada ante la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), según nota deExcélsior.
En enero de 2005, el Grupo Reforma publicó la declaración de Miguel Ángel Cantú, presidente entonces de la JFCA, de que "En México hay más de 112 mil conflictos laborales sin resolución en la JFCA, lo que ha propiciado la formación de cárteles del litigio que aprovechan para obtener millones de pesos en ganancias (…) Es una lamentable realidad que en esta ciudad capital, como en diversas entidades federativas, existan verdaderos cárteles de litigio que industrializan la práctica profesional, particularmente cuando se trata de demandas a grandes empresas e instituciones públicas".
Sin haber cambiado mucho el escenario, en esa ocasión el funcionario señalaba que la enorme cantidad de casos provoca que diversas firmas de abogados concentren de 2 mil a 3 mil demandas, de las cuales la mayoría son contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y de ferrocarrileros, lo que implica una jugosa cantidad de dinero, en lo que -aceptó- están involucrados gran cantidad de funcionarios.
En agosto 6 de 2010, el delegado federal del Trabajo en Tamaulipas también señalaba que la JFCA tramitaba más de 247 mil juicios individuales, de los cuales el 55% correspondían a conflictos relacionados con la seguridad y previsión social de los trabajadores, como consecuencia de la aplicación de criterios jurisprudenciales y la Ley del Seguro Social.
Este 2011, la JFCA tendrá un presupuesto de 662 millones 84 mil 856 pesos, de los cuales su presidente, Eduardo Andrade Salaverría (designado por Felipe Calderón en abril de 2008), tendrá un sueldo base de $23,667.18 mensuales más una compensación garantizada de $171,041.16 lo que arrojaría una percepción bruta de $194,708.34; a esto hay que sumarle otras prestaciones económicas como prima vacacional (de 50% de 20 días de sueldo base al año), prima de antigüedad, gratificación de fin de año (40 días de sueldo base), pagos de defunción (hasta cuatro meses de sueldo bruto), ayuda para despensa y vacaciones (20 días al año).
El negocio de los derechos laborales se evidencia más si consideramos que cada uno de los 66 presidentes de las Juntas Especiales tienen un sueldo mensual bruto de $119,670.45 lo que nos da una erogación de 7.898,249.70 al mes; que al año suman 94.778,996.40 sin considerar prestaciones. Esta cantidad nada nos sorprendería si observamos que el chofer del presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverría, tiene un sueldo mensual de $17,118.89 con clave de puesto 525, equivalente a supervisor de área, claro, sin contar las prestaciones.
El presente año, tan solo el sector central ejercerá un presupuesto de 3 mil 485 millones, 618 mil 744 pesos, de un total de 3 mil 704 millones 657 mil 375 pesos destinados al Ramo 14 de la STPS, relacionado con las JCA.
Las mafias de los abogadosResulta paradójico e indignante leer en las oficinas de las JCA los enormes carteles pegados en sus paredes donde dice que "Todos los servicios son gratuitos", "Di no a la Corrupción" y el abogado lo primero que pide es "una lana" para untarle la mano al funcionario que lleva el caso "para que lo agilice"; o bien el pago de copias (de hasta 20 o 25 pesos cada hoja del expediente).
No obstante los sueldos que perciben los funcionarios de las JCA, los ingresos por corrupción, es secreto a voces, de que han generado verdaderas mafias y de las cuales las autoridades han sido omisas, o bien cómplices de las mismas. Algo así como la famosa "Fraternidad" en el ámbito de la Secretaría de Seguridad Pública en el Distrito Federal, muy mencionada, pero siempre negada.
En agosto pasado, en uno de los últimos casos reconocidos, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó la corrupción de Consuelo Vázquez Mendoza, actuaria adscrita a la Junta Especial Número 8 Bis y del licenciado José Manuel Aguilar Olvera, procurador auxiliar, a partir de la queja administrativa 496/2009, tramitada ante la Unidad de Quejas, Denuncias y Responsabilidades de la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), según nota deExcélsior.
En enero de 2005, el Grupo Reforma publicó la declaración de Miguel Ángel Cantú, presidente entonces de la JFCA, de que "En México hay más de 112 mil conflictos laborales sin resolución en la JFCA, lo que ha propiciado la formación de cárteles del litigio que aprovechan para obtener millones de pesos en ganancias (…) Es una lamentable realidad que en esta ciudad capital, como en diversas entidades federativas, existan verdaderos cárteles de litigio que industrializan la práctica profesional, particularmente cuando se trata de demandas a grandes empresas e instituciones públicas".
Sin haber cambiado mucho el escenario, en esa ocasión el funcionario señalaba que la enorme cantidad de casos provoca que diversas firmas de abogados concentren de 2 mil a 3 mil demandas, de las cuales la mayoría son contra el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos y de ferrocarrileros, lo que implica una jugosa cantidad de dinero, en lo que -aceptó- están involucrados gran cantidad de funcionarios.
En agosto 6 de 2010, el delegado federal del Trabajo en Tamaulipas también señalaba que la JFCA tramitaba más de 247 mil juicios individuales, de los cuales el 55% correspondían a conflictos relacionados con la seguridad y previsión social de los trabajadores, como consecuencia de la aplicación de criterios jurisprudenciales y la Ley del Seguro Social.
Este 2011, la JFCA tendrá un presupuesto de 662 millones 84 mil 856 pesos, de los cuales su presidente, Eduardo Andrade Salaverría (designado por Felipe Calderón en abril de 2008), tendrá un sueldo base de $23,667.18 mensuales más una compensación garantizada de $171,041.16 lo que arrojaría una percepción bruta de $194,708.34; a esto hay que sumarle otras prestaciones económicas como prima vacacional (de 50% de 20 días de sueldo base al año), prima de antigüedad, gratificación de fin de año (40 días de sueldo base), pagos de defunción (hasta cuatro meses de sueldo bruto), ayuda para despensa y vacaciones (20 días al año).
El negocio de los derechos laborales se evidencia más si consideramos que cada uno de los 66 presidentes de las Juntas Especiales tienen un sueldo mensual bruto de $119,670.45 lo que nos da una erogación de 7.898,249.70 al mes; que al año suman 94.778,996.40 sin considerar prestaciones. Esta cantidad nada nos sorprendería si observamos que el chofer del presidente de la JFCA, Eduardo Andrade Salaverría, tiene un sueldo mensual de $17,118.89 con clave de puesto 525, equivalente a supervisor de área, claro, sin contar las prestaciones.
El presente año, tan solo el sector central ejercerá un presupuesto de 3 mil 485 millones, 618 mil 744 pesos, de un total de 3 mil 704 millones 657 mil 375 pesos destinados al Ramo 14 de la STPS, relacionado con las JCA.
Uno de los aspectos que más ruido causó cuando se dio a conocer la propuesta del sector patronal para modificar la Ley Federal del Trabajo, fue precisamente la de limitar la generación de salarios caídos a los seis meses. Estos salarios son los que percibe el trabajador desde que fue despedido hasta que se dicta la sentencia a su favor; principio contenido en la ley cuyo objetivo es mantener la estabilidad del empleo. Esto es, el patrón está obligado a pagar los salarios como si nunca se hubiera roto la relación laboral, lo que hace ver desfavorables las nuevas reglas.
Sin embargo, lo importante de esto es que los abogados (despachos o coyotes) se llevan gran parte de la tajada, ya que ofrecen llevar el juicio por un porcentaje (que ronda entre el 15 y 25%) de lo recuperado de los derechos del trabajador. Tiene razón Fenix (blog) cuando señala que el abogado tiene una función parasitaria porque vive de los problemas de los demás. Incluso -señala- hay abogados de poca honestidad que crean los problemas, para obtener más recursos.
Ya sea justificada o injustificadamente, es una práctica común en el ámbito del derecho del trabajo la de generar una gran cantidad de demandas en contra de empresas y hacer un convenio en el menor tiempo posible. De esa forma, el abogado del trabajador obtiene su sustento diario, y el abogado patronal se evita perder un juicio por una cantidad mucho mayor. El trabajador, obviamente, queda en medio. El convenio se firma por una cantidad menor de la que correspondería en juicio, de lo cual el trabajador puede estar consciente en ocasiones (se presta para presentar demandas) y otras, simplemente no tiene otra opción que aceptar el dinero que le den.
Como bien apunta Fenix, cuando los salarios caídos no den más de seis meses, los únicos que sobrevivirían serían los despachos grandes, porque ya no sería negocio para los coyotes y los pequeños; lo que haría que muy pocos quieran defender a la clase obrera en los juicios laborales. (Con información de Excélsior, El Siglo de Durango, Hoy Tamaulipas, Secretaría de Hacienda, Portal de Transparencia y Fénix Comunicación).
Sin embargo, lo importante de esto es que los abogados (despachos o coyotes) se llevan gran parte de la tajada, ya que ofrecen llevar el juicio por un porcentaje (que ronda entre el 15 y 25%) de lo recuperado de los derechos del trabajador. Tiene razón Fenix (blog) cuando señala que el abogado tiene una función parasitaria porque vive de los problemas de los demás. Incluso -señala- hay abogados de poca honestidad que crean los problemas, para obtener más recursos.
Ya sea justificada o injustificadamente, es una práctica común en el ámbito del derecho del trabajo la de generar una gran cantidad de demandas en contra de empresas y hacer un convenio en el menor tiempo posible. De esa forma, el abogado del trabajador obtiene su sustento diario, y el abogado patronal se evita perder un juicio por una cantidad mucho mayor. El trabajador, obviamente, queda en medio. El convenio se firma por una cantidad menor de la que correspondería en juicio, de lo cual el trabajador puede estar consciente en ocasiones (se presta para presentar demandas) y otras, simplemente no tiene otra opción que aceptar el dinero que le den.
Como bien apunta Fenix, cuando los salarios caídos no den más de seis meses, los únicos que sobrevivirían serían los despachos grandes, porque ya no sería negocio para los coyotes y los pequeños; lo que haría que muy pocos quieran defender a la clase obrera en los juicios laborales. (Con información de Excélsior, El Siglo de Durango, Hoy Tamaulipas, Secretaría de Hacienda, Portal de Transparencia y Fénix Comunicación).
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