El gobierno, usuario común de outsourcing

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El gobierno, usuario común de outsourcing

José Contreras | Opinión

2011-02-04 | Hora de creación: 03:02:34| Ultima modificación: 03:02:44

                                                       

El gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal tienen decenas de contratos con outsourcing, mismas que son usadas por cientos de empresas para evadir el pago de impuestos y para no asumir obligaciones laborales. El colmo lo representan la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno federal y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, que depende del Gobierno del DF. Ambas dependencias tienen entre sus funciones la de garantizar que se respeten los derechos de los trabajadores, pero al contratar empleados de intendencia, mantenimiento y otras áreas a través de outsourcing, promueven que se violen los derechos laborales. El pasado miércoles, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) anunció que presentará demandas penales en contra de 33 grandes consorcios por evadir al fisco a través de las outsourcing. Muy bien. Pero alguien debería explicar la incongruencia de que por un lado el gobierno federal persiga penalmente a quienes evaden impuestos y por otro, mantenga contratos con las intermediarias que les ayudan con la evasión. Los trabajadores de intendencia de la  STyPS en realidad trabajan para la empresa Limpia Tec, con lo que la dependencia que encabeza Javier Lozano Alarcón se libra de contraer obligaciones laborales. Los trabajadores de Limpia Tec obtienen un salario promedio de dos mil 600 pesos a la quincena. Laboran bajo un régimen de contratos temporales, lo que les impide generar antigüedad, y no gozan de las prestaciones que tienen los trabajadores al servicio del Estado. La STyPS tiene contratos con otras outsourcing para cubrir diferentes servicios, entre ellos el de mantenimiento. Otra dependencia del gobierno federal que recurre a este tipo de compañías para no crear plazas laborales es la Comisión Federal de Electricidad. El pasado 6 de julio, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó un punto de acuerdo por el que pidió a la CFE un informe detallado de los contratos que mantiene con empresas outsourcing. En ese punto de acuerdo, la Comisión Permanente estableció: “la subcontratación o terciarización es ilegal, porque la empresa para la que realmente labora el trabajador evade responsabilidades patronales y fiscales. “Desde hace tres años, aproximadamente 40 por ciento del empleo formal generado en el país se realiza a través de outsourcing, es decir, cuatro de cada 10 trabajadores tiene ninguna o mínimas prestaciones”. El gobierno federal, el gobierno del DF y posiblemente los gobiernos estatales contribuyen a esta situación, al contratar los servicios de las outsourcing, cuya presencia se ha multiplicado en nuestro país en los últimos cinco años. El GDF tiene decenas de contratos de este tipo... Para seguir leyendo, da clic aquí